El Salvador cierra el caso de los mártires de la UCA: no habrá juicio
- La Corte Suprema considera que la causa ha prescrito y ‘libera’ a los autores intelectuales de la masacre
- El abogado de los jesuitas tacha de “aberración jurídica” este interpretación de la Ley de Aministía
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A man walks in front of a mural dedicated to the Jesuits murdered in 1989 at the Central American University (UCA) in San Salvador, El Salvador, 11 September 2020. The sentence of more than 130 years handed down this Friday against the former Vice Minister of Security of El Salvador Inocente Montano in Spain marks the path that the Salvadoran Justice should follow in the local process for the massacre of six Jesuit fathers and two women in 1989, according to Manuel Escalante, deputy director of a human rights institute. EFE / Rodrigo Sura
No habrá juicio en El Salvador para esclarecer el asesinato de los mártires de la UCA. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha confirmado el sobreseimiento de la causa abierta contra los exmilitares Juan Orlando Zepeda y Francisco Herrera Fuentes, sospechosos de ser los autores intelectuales de la masacre que acabó con la vida en 1989 de seis jesuitas y dos mujeres en la Universidad Centroamericana José Simeón Caña.
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Todo hacía presagiar que se reabriría el caso después de que al Audiencia Nacional española condenara a 133 años de prisión al excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador Inocente Orlando Montano por considerarlo responsable del asesinato.
“Ya fenecida”
Los abogados de los jesuitas solicitaron en 2017 que se abriese un nuevo juicio, tomando como punto de partida la derogación de la Ley de Amnistía salvadoreña, tal y como valoró en un primer momento el Juzgado Tercero de lo Penal. Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema ha fallado en sentido contrario por dos votos a uno. Los magistrados responsables de la decisión tachan la causa de “ya fenecida”, pues aprecian que no se puede aplicar de forma retroactiva la prescripción de la que ya se vieron beneficiados Zepeda y Herrera Fuentes. Este argumento también beneficiará a Montano que tampoco deberá sentarse en el banquillo de los acusados en El Salvador.
Tras conocer el dictamen, el letrado que representa a la Compañía de Jesús, Arnau Baulenas, ha tachado de “aberración jurídica” la decisión. En esta misma línea, la abogada Leonor Arteaga, presidenta de la Fundación para el Debido Proceso, ha apuntado que la sentencia es contraria al derecho internacional: “Los obstáculos no son jurídicos, sino políticos, de compadrazgos”.
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