Veintitrés pateras salieron hace semanas desde Marruecos con destino Canarias. Nunca llegaron. Nada se sabe de todas las personas a bordo. ¿Dónde están? Es la pregunta a modo de denuncia que se hizo la activista Helena Maleno en su reciente visita a Gran Canaria. El Atlántico, otro cementerio; al igual que el Mediterráneo, como ya denunciara el Papa.
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“Se están vulnerando continuamente los derechos en cuanto a una acogida digna, porque han estado hasta 1.800 personas hacinadas en el muelle de Arguineguín sin las medidas sanitarias necesarias”, señala a Vida Nueva Antonio Viera, capellán del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, en Gran Canaria.
Algunos se aventuran a hablar ya de Canarias como la Lampedusa de la ruta atlántica, la más peligrosa por las condiciones de la mar y que ya ha recibido en lo que va de año a 12.000 migrantes en 400 embarcaciones. Ante esta realidad, las dos diócesis insulares se vuelcan con los migrantes alejando cualquier discurso xenófobo que agita a las masas alertando de una supuesta invasión. La Iglesia avanza en su campaña de sensibilización con una invasión de humanidad, hospitalidad, acogida y derechos humanos.
“Canarias no puede ser un gran CIE”
“Los caminos de solución pasan por abrir corredores humanitarios y visados humanitarios. La mayoría de ellos traen un proyecto migratorio, cuyo término no es Canarias, sino Europa, porque tienen familia allí. Nosotros solo somos puente”, indica Viera. Y añade con firmeza: “No puede ser que Canarias se convierta en un gran CIE”.
En el CIE de Gran Canaria –el de Tenerife permanece cerrado– hay 23 personas retenidas. “Probablemente van a ser repatriados porque entre el 6 y 8 de noviembre se abrirán las fronteras aéreas con Marruecos y comenzará la caza del inmigrante”, lamenta. No obstante, aplaude a Arcadio Díaz Tejera, juez de control del CIE de Barranco Seco, que prohibió que hubieran más de 42 personas, puesto que no se dan las condiciones para implementar medidas de distanciamiento social por el COVID.
En la isla de enfrente, ofrecen idéntica solución. “Generemos los corredores humanitarios para quienes huyen del conflicto”, expresa a esta revista Jesús Alberto González, delegado de Migraciones del Obispado de Tenerife. “Una región no puede quedarse sola y se necesita la implicación del Gobierno y Europa”, indica.
Mínimas condiciones
La Iglesia en las islas reclama “unas estructuras mínimas de acogida humanitaria inicial. Nos duele que no se hayan tomado las medidas suficientes para que en Canarias haya unas estructuras básicas de acogida humanitaria. Es inevitable que está situación pase en algunos periodos porque somos puente hacia Europa. Y no se ha sido previsor”, argumenta González. Del mismo modo, pide a la clase política “tacto” en sus pronunciamientos sobre estas personas, ya que “ellos no son el problema, sino las estructuras a nivel internacional”. Y asevera: “No es el camino culpar a estas personas”.
Por otro lado, sostiene que “en ningún caso se puede hablar de una invasión”. Con los datos en la mano, la realidad es que cualquier año entran más migrantes por vía aérea, sobre todo desde Venezuela, que por vía marítima. No obstante, “la situación nos preocupa porque estas personas están arriesgando su vida por el mar”.
Evitar más sufrimiento
Asimismo, “lamentamos ver imágenes como las que se han tomado en el puerto de Arguineguín. Eso dice poco de una sociedad que se dice avanzada y que garantiza derechos. La humanidad se ha movido históricamente y se seguirá moviendo, lo que necesitamos son respuestas que den garantías tanto aquí como en los países de origen, porque nadie abandona su hogar por placer”.
En el mismo sentido, Viera pide “un sistema de acogida digno, eficaz y que respete los derechos humanos”. “Tiene que haber una mayor y mejor coordinación entre las administraciones implicadas y ser exquisitos en los protocolos para la detección de menores y la trata de personas. Separar a madres de sus hijos es propio de un campo de concentración. Hay que mantener la presunción de inocencia e investigar para no generar más sufrimiento del que ya traen estas personas”, afirma tras el cambio de criterio de la Fiscalía, que en un primer momento separaba a los menores de sus acompañantes.
