La Generalitat de Cataluña abrirá un expediente para investigar si se cumplieron con todas las medidas sanitarias en la beatificación celebrada este fin de semana en la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona. A pesar de que la ceremonia contaba con todos los permisos públicos, a toro pasado el Ejecutivo catalán ha tachado de “desproporcionada e inorportuna” la celebración de un acto que contó con cerca de 600 personas.
Es más, la Dirección General de Asuntos Religiosos ha amenazado con sacar adelante una directriz que limite a un centenar de personas el aforo a actos religiosos, que se sumaría a la actual del 30% del aforo a pesar se hagan en espacios con gran capacidad.
“Al Ayuntamiento no nos constaba y nos ha sorprendido la falta de comunicación entre los organizadores y la Conselleria de Salud”, declaraba este domingo en una entrevista en la emisora Rac 1 el concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación de Barcelona, Marc Serra, en relación al aforo de 600 personas que participaron el pasado 7 de noviembre en la beatificación de laico Joan Roig Diggle en la basílica de la Sagrada Familia.
La celebración estuvo presidida por el cardenal Juan José Omella como delegado papal y entre los asistentes estaban autoridades como el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle; el comisionado de Diálogo Intercultural y Pluralismo Religioso, Khalid Ghali; o el director general de Derecho y Entidades Jurídicas, Xavier Bernadí… según ha publicado Europa Press. Sin embargo, para Serra “estas imágenes no se entienden” y ha pedido una mayor ejemplaridad.
Pero se ha desmarcado de la relación entre la constancia del acto para la administración local y la presencia de un concejal. “Es habitual que en los diferentes actos de Barcelona haya una representación institucional del Ayuntamiento”, aseguró. Pero, aunque “entra dentro de la normalidad que haya presencia del Ayuntamiento. Otra cosa es que sepamos cómo será el aforo, quién asistirá al acto y los detalles de la organización”. Por otra parte, ha reclamado llegar al fondo de esta cuestión.
No es el primer choque que se produce por los aforos del templo gaudiniano. El pasado mes de julio, el Govern de Torra pidió a la Iglesia que reactivara las visitas a la basílica de la Sagrada Familia al 50%, mientras fijaba la asistencial culto en 10 personas en los funerales, lo que provocó la protesta del arzobispado. Entonces estaba prevista la misa en recuerdo por todos los fallecidos de la pandemia, que el cardenal Omella presidió con un aforo del 23% en la Sagrada Familia y con toma de temperatura en el acceso.
Por su parte, el Arzobispado de Barcelona y la Asociación de Amigos de Joan Roig Diggle, organizadores del acto, han pedido “disculpas a aquellas personas que se hayan sentido heridas, mientras sufrimos restricciones en nuestra vida laboral y familiar. La Misa se celebró cumpliendo escrupulosamente todas las medidas exigidas por la legislación vigente, como se ha ido haciendo desde el inicio de la pandemia en todas las iglesias de la archidiócesis”.
Además, en un comunicado han manifestado su “desconcierto por la respuesta de algunas autoridades a la celebración de una Misa que cumplía todos los requisitos legales y condiciones sanitarias. Además, desde hace varias semanas, todas las instituciones habían recibido una invitación a esta Misa. Ante las actuales restricciones de aforo, a través de los medios de comunicación y las principales redes sociales, se ofreció la posibilidad de seguir este acto litúrgico por radio, televisión e Internet”, explicitan.
En cualquier caso, la organización se une “a la petición del mundo de la cultura y de la restauración para que lo antes posible se pueda reiniciar su actividad económica, con las medidas oportunas que minimicen el riesgo de contagio”.