La Plataforma Más Plurales, que aglutina a asociaciones de padres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos ligados a la enseñanza concertada,continúa con sus protestas contra la llamada Ley Celaá, la Ley de Educación del Gobierno de coalición de izquierdas que se está tramitando estas semanas en el Congreso. Y es que, como denuncian desde Más Plurales, la LOMLOE es una ley “partidista e ideológica” y “tramitada sin el menor consenso con la comunidad educativa ni la sociedad civil”, que, desde hace años, clama “por un Pacto de Estado por la Educación”.
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Dentro de su campaña de movilización en lo que perciben como un intento de orillar a la enseñanza concertada, han convocado una manifestación, este martes 10 de noviembre al mediodía, para presentar las más de 748.000 firmas que apoyan su petición de paralizar la LOMLOE. Además, habrá manifestaciones en numerosos colegios mañana miércoles y, de cara a este viernes13, coincidiendo con la reunión de la Comisión de Educación y Formación Profesional en la que se elaborará el dictamen final sobre la nueva ley, han convocado una gran concentración.
El dictamen del Congreso
Según adelanta Radio Nacional de España (RNE), que ha tenido acceso al dictamen de la Comisión de Educación del Congreso, donde ya se incluyen las enmiendas de otros partidos, uno de los puntos que incluye la LOMLOE es la prohibición expresa del pago de cuotas a los colegios concertados a través de sus fundaciones o de las extraescolares que estén dentro del horario escolar.
Esto se traduce en que no se le podrá pedir a ninguna familia el pago de cuota o donativo de ningún tipo “por recibir las enseñanzas de carácter gratuito”, ni directa ni indirectamente, a través de fundaciones o asociaciones ligadas a los centros. Del mismo modo, tampoco se pueden establecer como “servicios obligatorios” aspectos que en sí estén asociados a la enseñanza y que, después, conllevarían una aportación económica.
Contra la segregación por sexo
Como añade RNE, la Ley Celaá, que acabaría con la LOMCE (también conocida como Ley Wert), tiene previsto también que los colegios que segreguen por sexo dejen de recibir cualquier financiación por parte de la Administración y que no se ceda suelo público a la construcción de nuevos centros concertados.
