A pesar de las enmiendas, reclamaciones, firmas o concentraciones, la tramitación en el congreso de la LOMLOE, Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Educación, conocida como Ley Celaá, sigue inexorablemente con su calendario. Un texto legal que ha ido confirmando el planteamiento educativo del PSOE con algunas de las exigencias ideológicas de su socio de gobierno, Unidas Podemos. A pesar de las críticas que el proyecto está recibiendo desde sectores muy diferentes de la sociedad, los socialistas, según un documento interno al que ha tenido acceso Vida Nueva, defienden que la de Celaá es “una de las leyes más importantes de la legislatura y que llega después de más de año y medio de debate con todos los agentes del sistema educativo y las fuerzas políticas”. Algo que parte de la comunidad educativa desmiente.
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El PSOE plantea esta nueva la Ley Orgánica como una necesidad de superar la ley Wert de 2013 –aunque el texto que modifica sea el de esta, que hacía los mismo con la LOE de 2006–, como una superación de la propuesta de los ‘populares’. “La derecha española se autoexcluye del debate sobre la modernización del sistema educativo, el desarrollo del derecho a la educación en el siglo XXI”, señalan en su argumentario, destacando que los partidos de derecha españoles han optado “por situarse en posturas radicales de derechas que los aleja de la derecha moderada y de las fuerzas democristianas del entorno Europeo que, aún siendo conservadores, sí entienden la importancia de la educación pública como elemento indispensable para garantizar el derecho a la educación”.
Frente a la escuela concertada
Una de las grandes perjudicadas de esta ley es la escuela concertada, a la que el texto legal presenta como claramente elitista y como obstáculo para el desarrollo de un sistema público con calidad. “La LOMCE, impuesta por mayoría absoluta del PP, ampara y alienta la privatización del servicio público que bajo el relato de ‘demanda social’, se oculta el derecho a seleccionar al alumnado y el profundo deterioro del derecho a la educación para todos”, apuntan los socialistas sin disimular sus recelos.
Ante esto, defienden que Celaá “ordena de manera coherente ambas cuestiones sin vulnerar el derecho a la educación, ni su devaluación. Así, las familias seguirán teniendo libertad de elección de centro pero la ley pretende garantizar que el proceso de admisión a los distintos centros sea más transparente y que la Administración verifique que los centros educativos concertados no discriminan a ningún estudiante por sus condiciones socioeconómicas o de cualquier otra naturaleza”. Si bien, una de las últimas modificaciones prevé que la organización educativa puede redistribuir alumnos de los centros concertados, aunque estos tengan plazas vacantes.
Además, combaten las cesiones de suelo público como si fuera una práctica habitual para la creación de nuevos centros y sacan pecho de que “la ley obliga a las comunidades autónomas a que controlen que la concertada no cobre cuotas de forma obligatoria o justificada”, prohibiendo que “aquellos centros que segreguen por sexos reciban dinero público”.
Religión, sin alternativa
En lo que se refiere a la asignatura de Religión, el PSOE mantiene la postura de las últimas reformas educativas socialistas. “Podrá seguir ofertándose pero su calificación no contará para becas o el expediente y ahora no tendrá asignatura alternativa, como era hasta ahora Valores Éticos, sino que la formación en valores cívicos será generalizada para todos los alumnos”, explican.
Por otro lado, los socialistas reclaman que “todos los alumnos tengan derecho a la formación cívica, en contenidos constitucionales, de los derechos humanos y de los valores comunes de la libertad, la tolerancia y la no discriminación” –lo que supone recuperar la Educación para la Ciudadanía de Zapatero–. Algo que, critican, “sucede en toda Europa y en lo que España es una anomalía gracias a la LOMCE” de Wert.
