Los jesuitas denuncian la “falta de asistencia jurídica” a los migrantes que llegan a Canarias

El Sector Social del Servicio Jesuita a Refugiados ha denunciado, por medio de un comunicado, la “falta de asistencia letrada y de interpretación en las primeras labores de identificación de las personas migrantes que lleva a cabo la Policía en las islas Canarias”. Una situación que está provocando que los migrantes que llegan al archipiélago se vean “privadas de una garantía prevista por la ley”.

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“Desconociendo el marco legal”, señalan, “difícilmente pueden expresar sus necesidades de protección”. Así, aseguran que su organización “está en contacto con algunos migrantes malienses con claro perfil de asilo a través de la protección subsidiaria que temen que se les devuelva sin haber podido solicitar protección internacional”.

“Explican que al día siguiente de llegar la policía les entregó un documento. Un traductor se limitó a asegurarles que ese papel no implicaba necesariamente que fuesen a devolverlos. Pero ningún abogado les explicó sus derechos ni cómo solicitar la protección internacional”, denuncia la Compañía de Jesús. “Tampoco les dieron el nombre de sus abogados e intérpretes, por lo que no pueden mantener el contacto”.

Los Derechos Humanos, lo más importante

Ahora, pasados dos meses, “están confinados en un hotel, pasando la cuarentena, sin que nadie les haya asesorado sobre sus derechos ni dado pasos para solicitar protección”, lo que les hace temer “que la Policía los devuelva a Mali, un país en conflicto armado”.

Por otra parte, los jesuitas han asegurado también que “la única preocupación que parece tener el Ministerio del Interior es asegurar la devolución del mayor número de personas”. “Ya se ha efectuado el primer vuelo a Mauritania desde las islas, que actúan como muro de contención de la migración en Frontera Sur junto a las ciudades de Ceuta y Melilla”, denuncian. Por todo ello, consideran que “es necesario preservar las condiciones de acogida y velar por las garantías en los procedimientos de identificación, acceso a algún tipo de protección, o de sanción”, ya que “el respeto de los Derechos Humanos debe ir por delante”.