El proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe), más conocida como Ley Celaá, continúa su trámite parlamentario después de que ayer se incorporaran prácticamente 350 enmiendas. Fueron las que sobrevivieron de las más de mil presentadas, escrutadas en una tensa sesión de nueve horas para sacar adelante el dictamen que llegará el jueves al Pleno del Congreso de los Diputados.
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En lo que a cuestiones eclesiales se refiere, la asignatura de Religión no se ha visto alterada respecto al texto que salió de manos de Isabel Celaá. De esta manera, se mantendría su oferta obligatoria, pero desaparecería la obligatoriedad de contar con una materia alternativa, lo que podría llevar a arrinconarla dentro del horario escolar, o lo que es lo mismo, llevaría a los alumnos que la escojan a tener más horas de clase frente al resto de sus compañeros. Además, dejará de contar para nota, sea para la solicitud de becas o para el acceso a la universidad.
Los pilares de la norma
Especialmente preocupante es que siga adelante otro de los pilares de la norma socialista: la eliminación de la demanda social que permite distribuir a los alumnos por centros según lo considere la Administración, de tal manera que, en su aplicación, se primará dotar de estudiantes a la escuela pública para ir dejando aulas vacías en la escuela concertada. Una medida que menoscaba el derecho de las familias a elegir centro y que implica el cierre de clases en los colegios concertados, mayoritariamente católicos, y por tanto, favorecer su extinción.
Otras cuestiones que también se reforzaron tras la sesión de ayer fueron el hecho de que el castellano deje de presentarse como lengua vehicular y oficial del Estado, la excepcionalidad de la repetición de curso, la eliminación de fondos públicos para la escuela diferenciada y la paulatina desaparición de los centros de educación especial.
Sin consenso
En cualquier caso, la aprobación y rechazo de las enmiendas ha puesto de manifiesto una vez más el nulo consenso de la reforma educativa promovida por el Ejecutivo de Coalición, en tanto que el texto salido de la Comisión, solo ha contado con los votos de PSOE y Unidas Podemos, además de Más País, PNV y ERC.
Con el voto en contra de PP, VOX y Ciudadanos, los tres partidos han anunciado que solicitarán al Tribunal Constitucional que decrete la ilegalidad de la Ley Celaá tanto por las referencias al castellano como por el lugar en el que queda la escuela concertada.
