“No caigamos en el virus de una polarización que haga imposible tender la mano, e incluso dialogar con el que piensa diferente”. Con estas palabras como eje vertebral de su alocución, tomando como referencia la encíclica ‘Fratelli tutti’, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, se estrenaba con su primer discurso como presidente de la Conferencia Episcopal después de haber sido elegido el pasado mes de marzo.
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Omella inauguraba esta tarde la Asamblea Plenaria de otoño de los obispos españoles, en plena pandemia del coronavirus, lo que ha obligado a que solo 38 prelados le siguieran presencialmente en la sede de la Casa de la Iglesia. En un mensaje en el que una y otra vez reclamó, la “urgencia” de “generar espacios y actitudes de reencuentro” tanto a la clase política, como a la ciudadanía y a la propia Iglesia. No faltaron propuestas para la reconstrucción social, desde la petición de una colaboración público-privada para salir de la crisis, la propuesta de un pacto educativo frente a la Ley Celaá, su condena a la xenofobia contra los migrantes y su rechazo a la eutanasia.
Pedir perdón
No dudó en dar un tirón de orejas general a unos y otros: “Es de tal envergadura el trauma que está impactando sobre todos nosotros y tal el espectáculo del enfrentamiento casi continuo de los líderes políticos, que corremos el riesgo de dar pábulo a la desesperanza”. “El que se ha equivocado, que pida perdón. El que ha caído en la corrupción que devuelva lo robado“, imploró a los responsables públicos.
Dada la situación de emergencia nacional y mundial, deberíamos evitar tensionar más la sociedad política con cuestiones que no sean prioritarias o que requieran de un debate sereno y profundo”, recomendó el líder de la Iglesia española que propuso volcar todos los esfuerzos en “encontrar soluciones que ayuden a salir a flote a las familias que se están hundiendo, a los empresarios que no tienen más remedio que cerrar sus negocios”.
Contra las trabas
Esta crítica se concretó en la actual reforma educativa: “Lamentamos profundamente todos los obstáculos y trabas que se quieren imponer a la acción de las instituciones católicas concertadas”, subrayó sobre la llamada Ley Celaá, expresando que “no es el momento de poner trabas, de enfrentar instituciones públicas y privadas, sino de trabajar conjuntamente”. A renglón seguido, propuso “cooperar de forma eficaz y eficiente para ofrecer una educación adecuada a todos los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país”. Fue en este punto, cuando solicitó al Ejecutivo de Coalición que respete “en todo momento el derecho constitucional de los padres y madres a escoger libremente el centro y el modelo educativo para sus hijos”, con una alusión directa al “derecho constitucional a la libre iniciativa privada”.
“Juzgamos que no se debe quitar de la escuela la formación moral en valores y la clase de religión”, comentó sobre la materia confesional, también cuestionada por la nueva normativa socialista: “Defendemos, pues, la presencia de la asignatura de religión. De hecho, en una sociedad tecnocrática en la que un pequeño virus nos ha desbordado, se hace más que nunca necesaria la enseñanza y el cultivo de la filosofía, de la teología y de la espiritualidad”.
El Pacto del Papa
Frente a ello, presentó el Pacto Educativo Global promovido por el Papa Francisco como hoja de ruta para “un pacto educativo en España, que sea a largo plazo” que se concrete en “una ley sólida que no sea objeto de debate con cada cambio de color político en el Gobierno”.
En un tono más general, echó mano del discurso que el Papa Francisco improvisó en la audiencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en favor de la unidad y en contra de los populismos y las ideologías para reivindicar que “todos trabajamos por el bien de la sociedad y queremos edificar la patria entre todos”.
Respaldo a la Transición
Desde ahí, hizo una llamada a cuidar “el gran pacto nacional de la Transición que cristalizó en nuestro actual sistema político definido en la Constitución de 1978 y que hemos de preservar y fortalecer”. Así, alzó la voz para animar a “recuperar el espíritu de concordia que hizo posible que, tras una durísima guerra entre hermanos y el largo periodo del régimen franquista, nuestros mayores, haciendo política del bien común fueran capaces de llegar a acuerdos”. Además, invitó a construir “juntos un proyecto digno de futuro”, desde “la tarea de reducir la crispación y de promover la cultura del encuentro”.
En este sentido, advirtió de que “la mejora de nuestras instituciones no pasa por el ‘borrón y cuenta nueva’, ni por el romper radicalmente el consenso, sino por trabajar unidos para mejorar y potenciar el actual sistema democrático”.
Instituciones en peligro
En una defensa implícita a la monarquía, apuntó que “la mejora de nuestro sistema político constitucional y democrático de derecho no puede pasar por las propuestas de deslegitimar y poner en peligro las instituciones básicas que han mantenido durante estas décadas aquel gran acuerdo nacional y han dado a nuestro país prosperidad y convivencia en la diversidad de sus pueblos”.
En su análisis de la pandemia, quiso sumarse al dolor por todos los fallecidos en nuestro país por el coronavirus, se solidarizó con los sanitarios y aplaudió la entrega de la ciudadanía y su responsabilidad a la hora de afrontar la emergencia social y económica que se ha desencadenado. En este sentido, resultó especialmente significativa su reivindicación de “la importancia del acompañamiento o asistencia espiritual durante la enfermedad”: “Sabemos que no se puede imponer, pero creemos que no se puede impedir. El derecho a recibir una atención espiritual es un derecho humano que no se puede vulnerar”.
Potenciar la sociedad civil
Desde ahí, tendió la mano de la Iglesia para “potenciar nuestra sociedad civil que, lamentablemente, sigue siendo muy pobre”. Así, reconoció que “junto con muchas iniciativas vecinales, desde parroquias y centenares de redes del bien, hemos repartido miles de toneladas de alimentos”. “En la superación de esta crisis y la reconstrucción posterior, debemos priorizar preferentemente a los socialmente más vulnerables y, entre ellos, a los que más sufren la pobreza”, aseveró.
Omella admitió que la comunidad cristiana no es ajena a la recesión generalizada: “A no pocas parroquias ya les está costando llegar a fin de mes y las diócesis están saliendo al paso con planes de emergencia para garantizar que puedan seguir con su labor pastoral y asistencial”. Desde ahí, propuso a los obispos “estimular el compromiso de todos a través de cuotas periódicas que permitan abordar proyectos a medio y largo plazo”, así como favorecer “la creatividad y el uso de nuevas tecnologías”.
Xenofobia latente
En su discurso, el cardenal arzobispo de Barcelona sacó la cara por los migrantes frente a “ideologías xenófobas”. “Nos corresponde respetar el derecho de todo ser humano de encontrar un lugar donde pueda no solamente satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, sino también realizarse integralmente como persona”, pronunció parafraseando al Papa.
No se olvidó tampoco de otro tema de la agenda de Moncloa: la reforma de la eutanasia. “La vacuna contra la tristeza, el dolor, la soledad y el vacío existencial de las personas enfermas no puede ser única y exclusivamente la eutanasia”, sentenció el presidente del Episcopado, que apuntó: “No dejaremos nunca de repetir que no hay enfermos ‘incuidables’ aunque sean incurables”. Por ello, reclamó “una técnica y una experiencia de los últimos cuidados que logra paliar el dolor, pacificar la agonía y evitar sufrimientos a las personas en el final de su vida”.