La Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia alertó sobre la reglamentación de la Ley Nº 27.350 sobre “investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados”, autorizada por el presidente Alberto Fernández.
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Estos comentarios surgieron a partir del decreto del Ejecutivo que habilita el autocultivo del cannabis, la venta del aceite en farmacias y la producción por parte del Estado de componentes para uso terapéutico y/o medicinal.
Frente a esto, los miembros de la pastoral de adicciones mostraron su preocupación, no sólo ante el gobierno sino también a la población. “La investigación científica y la aplicación paliativa con fines medicinales del canabidiol, reclamadas por pacientes y familiares de pacientes, debe ser apoyada y acompañada por el conjunto de la sociedad”, reclamaron.
También advirtieron que la gran mayoría de la comunidad científica y las agencias encargadas del control de medicamentos aconsejaron responsabilidad y prudencia.
“Legitimación encubierta”
La Comisión entiende que, justamente, esa responsabilidad y prudencia “no se condicen con la apertura irrestricta que significa el autocultivo de cannabis para sí o para terceros y la falta de especificación de las enfermedades que ameritan su aplicación“.
Desde su consideración, “la norma puede convertirse en una legitimación encubierta de otros tipos de consumos”.
Asimismo, indicaron que -con el agravamiento de la situación por la pandemia- es cada vez más difícil sostener el estudio o conseguir trabajo en los barrios más vulnerables. “La educación y el trabajo son poco accesibles, mientras que las sustancias adictivas ahora son más accesibles“, denunciaron.
Ya, en el 2016, habían señalado que la provisión de canabidiol debe ser gratuita y con responsabilidad estatal. Ahora, insisten con esa premisa y señalan que “para hacer justicia a quienes padecen una enfermedad no hay que exponer a los más frágiles”.
