Un tercio de los migrantes acompañados por Cáritas están en situación administrativa irregular. Es la nueva alerta de la entidad eclesial, que reconoce que este número, que cifra en 120.000 personas, está aumentando debido a la “masiva” destrucción de empleo por la pandemia. Dentro de la campaña ‘Compartiendo el Viaje’, en marcha desde 2017, Cáritas lanza unos materiales sobre las graves consecuencias para miles de personas de la Ley de Extranjería.
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El impacto del Covid-19 “está empujando a la irregularidad sobrevenida a muchas de estas personas, quienes, al dejan de tener un empleo fijo, se ven abocadas a una situación administrativa irregular, a la pérdida de derechos y a unas condiciones de gran vulnerabilidad e invisibilidad social”, denuncia Cáritas. Un hecho que provoca que la ONG de la Iglesia tenga que apoyarles durante una media de uno o dos años.
Cáritas viene defendiendo un planteamiento alternativo del marco legal de migración, con objeto de que la puerta de acceso a los derechos de estas personas no dependa exclusivamente del mercado laboral.
“Nuestro reto, como sociedad y como ciudadanos, es de defender un modelo de acogida a estas personas y sus familias cuya vida queda condicionada por un contrato de trabajo y que quienes son nuestros vecinos y vecinas tengan oportunidades de construir su futuro más allá del color de su pasaporte”, apunta el mismo comunicado.
Para ello, Cáritas plantea una propuesta de integración social basada en los criterios del arraigo social, “que ponga en valor las raíces de estas personas en la comunidad donde trabajan y viven, y de la vecindad, ordenada a través de la figura del empadronamiento. De esta forma, quedarían garantizar la renovación o el acceso de estas personas a una situación administrativa regular y, por tanto, al disfrute de derechos básicos”.
Más allá del color del pasaporte
Es una realidad invisible sobre la que ahora Cáritas pone el foco dentro de una nueva fase de la citada campaña, bajo el lema ‘Esperábamos trabajadores, vinieron personas y queremos vecinos’. “Uno de los ejes estratégicos de la acción de Cáritas en su lucha contra la pobreza es el trabajo con miles de personas invisibles para las políticas públicas, como es el caso de estos inmigrantes para quienes no existen nunca fondos oficiales, ni estatales ni europeos, puesto que se trata de personas en situación administrativa irregular y, por tanto, no cuentan, no están, no existen”, clama la entidad en un comunicado.
Y añade: “Hablamos de personas que hasta ayer mismo desarrollaban en nuestra sociedad un trabajo legal y remunerado en sectores de actividad económica muy relevantes –como los sectores de la restauración y la hostelería, el cuidado de personas dependientes, el empleo del hogar o la mensajería— pero que, al perder su empleo, pierden también, según lo establecido en la actual Ley de Extranjería, su estatus legal y, con ello, el acceso a derechos básicos. En muchos casos y dado que no pueden disponer de ninguna ayuda ni prestación social, estas personas tienen miedo y dejan de salir a la calle por temor a ser expulsados”.
