“Pedimos a las organizaciones internacionales y los gobiernos redoblen sus esfuerzos por aplicar la legislación, para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los pescadores y de sus familias y endurezcan su lucha contra el trabajo forzoso y la trata de personas”. De esta manera se ha expresado hoy el prefecto del Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral, el cardenal Peter Turkson, con motivo del Día Mundial de la Pesca, que se celebra mañana 21 de noviembre.
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El cardenal ha querido estar cerca de un sector que emplea a unos 59,5 millones de personas, la mitad mujeres y que tiene en Asia el mayor número de trabajadores –aproximadamente el 85%–. “El impacto del Covid-19 en la industria pesquera atañe principalmente al ámbito de las respuestas estratégicas que han adoptado los gobiernos frente a la pandemia, como el distanciamiento social, el cierre de mercados de pescado, la escasa afluencia de clientes a hoteles y restaurantes. Esto supone un grave problema para la venta de pescado fresco y otros productos pesqueros, sobre todo en lo que se refiere a la disminución de la demanda y a la caída del precio del pescado, razón por la cual, en la situación actual, la pesca, el procesamiento de pescado, el consumo y el comercio han disminuido de manera constante”, ha indicado.
Además de los efectos de la pandemia, “el sector de la pesca tiene que afrontar problemas crónicos que la atormentan y ante los cuales, los retos planteados por el Covid-19 palidecen. Estos problemas crónicos, que representan el ‘crimen pesquero’, son la sobrepesca y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, prácticas que todavía se llevan a cabo en distintos lugares del mundo y que son perpetradas, con frecuencia, por grupos que cuentan con poderosas flotas y mejores recursos. Esto penaliza a los verdaderos pescadores y a las comunidades pesqueras, que tienen que hacer frente a una competencia desleal y ver como se agotan las poblaciones de peces a un ritmo que provoca que estas no tengan tiempo de regenerarse. Se trata de una práctica que no es sostenible y que implica una disminución de las reservas pesqueras y una reducción de la capacidad de producción en el futuro”, ha recalcado.
Sobre las condiciones de trabajo y de seguridad de los pescadores embarcados, el purpurado ha recordado que “se han visto afectadas por el cierre de los puertos pesqueros debido a la pandemia y a la imposibilidad de realizar cambios en las tripulaciones”. Además, “la falta de equipos de protección personal ha aumentado el riesgo de transmisión del virus, puesto que los pescadores trabajan en espacios reducidos y ambientes cerrados”, ha añadido.
Sepultados en el mar
Como consecuencia directa, “varios miembros de tripulaciones pesqueras contrajeron el virus a bordo de un cierto número de pesqueros y, al no poder recibir asistencia médica inmediata, fallecieron y fueron rápidamente sepultados en el mar por sus compañeros preocupados. A menudo, sin que las familias conocieran el destino de sus seres queridos”, ha lamentado.
Turkson también ha puesto el foco sobre los pescadores migrantes, que “se ven privados de la oportunidad de trabajar. Sin la posibilidad de generar ingresos para mantener a sus familias y pagar sus deudas, están cada vez más expuestos al riesgo de convertirse en víctimas de la trata de personas o del trabajo forzoso”. Asimismo,” pueden también permanecer largos períodos de tiempo varados en un país extranjero y obligados a vivir en campamentos de refugiados/migrantes, en una situación de hacinamiento y en condiciones higiénicas deplorables”, ha agregado.
Por último, también ha criticado que “la gran mayoría de los pescadores del mundo se vieron excluidos, por diferentes razones, de la ‘protección social’ básica que algunos gobiernos nacionales habían proporcionado, y para sobrevivir se vieron obligados a depender de la generosidad de las organizaciones caritativas o de la ayuda de la comunidad local”.
