“¡No queremos otro Acteal! ¡No queremos más heridos y muertos! ¡No queremos más personas desplazadas! ¡No queremos más sufrimiento de mujeres niñas y niños! No queremos más armas”.
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Con estas consignas, el obispo de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, exigió a los tres órdenes de gobierno llegar hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables del ataque ocurrido este 18 de noviembre en el municipio de Aldama.
Y es que, según informaron medios locales y la propia diócesis chiapaneca, se registró un enfrentamiento armado entre los pobladores de las comunidades de Santa María Magdalena y Santa Marta.
Como resultado de la agresión, resultó herida la religiosa María Isabel Hernández Rea, de las Hermanas Dominicas de la Reina del Santo Rosario, quien es agente de pastoral de la diócesis.
De acuerdo con la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, por la mañana un grupo de Cáritas de San Cristóbal de las Casas y del Fideicomiso por la Salud de los Niños Indígenas de México, en coordinación con la Parroquia de San Andrés Apóstol, entregaban ayuda humanitaria en alimentos a familias desplazadas por la situación de la violencia que se vive en la región, cuando fueron atacados en la comunidad de Cotzilnam, Aldama.
El ataque fue perpetrado –según la diócesis- por un segundo grupo armado de corte paramilitar. “Los disparos, con arma de alto calibre, presuntamente son del Sector Santa Marta”, informaron.
Debido al ataque, la ayuda humanitaria no pudo entregarse a las comunidades, las cuales están pasando por una grave crisis alimentaria y de servicios básicos.
Los ataques son constantes
El obispo Rodrigo Aguilar explicó que este ataque no ha sido el único, sino que ha habido otros anteriores que han sufrido las comunidades, por lo que pidió esclarecer los hechos y que se castigue a los responsables, intelectuales y materiales, de este ataque y de los que han tenido que padecer los pueblos de esta zona”.
Asimismo, pidió que se garantice la seguridad de la población vulnerable en las comunidades, en el estado de Chiapas. “Instamos al Estado mexicano a desarmar y desarticular a los grupos civiles armados de corte paramilitar de esta zona y junto a quienes les proveen de las armas aplicar el peso de la ley”.
El obispo manifestó su preocupación porque “no se ha llegado a resolver el problema de fondo, y ha escalado la violencia con ataques diarios en distintos puntos y a distintas comunidades de Aldama”.
“Ya varias veces, sea de manera privada o pública, hemos denunciado esta situación ante las instancias de gobierno federal y estatal, así como hemos pedido el desarme de sus grupos de corte paramilitar”, añadió.
