Los obispos se posicionan ante la Ley Celaá: “Nos preocupa que esta ley introduzca limitaciones a estos derechos y libertades y, en primer lugar, al ejercicio de la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos”. Con estas palabras, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, se pronunciaba en nombre de todos los obispos sobre la reforma educativa que ayer fue aprobada en el Congreso de los Diputados. Y lo hacía a través de una declaración elaborada por la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura.
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Sobre la posibilidad de interponer una demanda ante el Tribunal Constitucional, Luis Argüello no descartó esta posibilidad, pero planteó que “hay que esperar a ver el texto definitivo y lo que puedan manifestar los expertos en derecho”. En cualquier caso, apuntó que “a primera vista en el texto fuerza bastante la interpretación constitucional” del artículo 27 de la Carta Magna que versa sobre la libertad de enseñanza.
Vértigo de enmiendas
“Deseamos una mejora de la reforma actual para acabar con esa división visibilizada ayer en el Congreso por la mitad y que se tradujera en caminos de encuentro”, expuso Argüello, teniendo en cuenta el “vértigo de enmiendas” presentadas en estos días. Una vez más, tal y como manifestara el presidente del Episcopado, Juan José Omella, al comienzo de la Plenaria, el portavoz lanzó “una propuesta de pacto”. “Seguimos tendiendo la mano a un pacto educativo”, subrayó.
Desde ahí también salió al paso de identificar la asignatura de Religión como una materia confesional” para recordar que el propio Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe) “es confesional en la manera de abordar la educación, por perspectiva ideológica y en la manera de entender lo público desde lo estatal”.
Titularidad estatal
“No sería aceptable que el Estado pretendiera apropiarse de este protagonismo de la familia y de la sociedad”, sentenció el portavoz de los obispos, que recordó que “no solo lo que es de titularidad estatal es público”. “Lamentamos profundamente todos los obstáculos y trabas que se quieren imponer a la acción de las instituciones católicas concertadas”, sentenció.
Sobre la retira del castellano como lengua vehicular, compartió que “el cultivo y el aprendizaje de la lengua común y de las otras lenguas es algo valioso”.
Demanda social
Es más, el también obispo auxiliar de Valladolid reivindicó que “la ley debería recoger la “demanda social” en todas las etapas del proceso educativo”. Para el prelado, esto debe concretarse en medidas tales como “la libertad de creación de centros escolares, libertad de elección de centro y propuesta educativa, trato en igualdad de condiciones a los diversos tipos de centro, para lo cual es necesaria la gratuidad de la enseñanza sin discriminaciones”.
El secretario general reivindicó una vez más el Pacto Educativo Global promovido por el Papa Francisco, para recordarle a la clase política, en especial al Gobierno que “no es el momento de enfrentar entidades e instituciones educativas, sino de trabajar conjuntamente, en el espacio público, para ofrecer una educación adecuada a todos los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país”. “Es bastante contradictorio que Pedro Sánchez apoyara el Pacto Educativo Global ante el Papa Francisco y que en lo local no se dé, pactando solo con los afines”, señaló.
Apoyo a las movilizaciones
Por ello, los obispos dan su respaldo a las protestas promovidas por la plataforma ‘Más Plurales’ que, entre otros, integran las entidades que representan a las escuelas católicas concertadas: “Comprendemos y apoyamos los esfuerzos de las familias, plataformas y agentes sociales que en estos días se han movilizado en la defensa de estos derechos, y particularmente de los referidos a los alumnos con necesidades especiales”
Argüello manifestó el pesar del Episcopado por haber “procedido a la tramitación de esta ley a pesar de las difíciles circunstancias causadas por la pandemia y con unos ritmos extremadamente acelerados”. “Ello ha impedido la participación adecuada de toda la comunidad educativa y de los diferentes sujetos sociales”, lamentó. Además, los obispos aplauden además la labor de “todos los docentes” ante la pandemia, por su “trabajo silencioso”.
El valor de la evaluación
Sobre la asignatura de religión, criticó una vez más que la Lomloe haya arrinconado a la asignatura al suprimir “el valor académico de la evaluación”, así como dejar “a los alumnos que no cursen esta asignatura sin una formación con contenido escolar”.
Los obispos también echan en cara a la ministra de Educación, Isabel Celaá, que no haya dado “respuesta” a la propuesta hecha para crear un área común que integre “la dimensión moral y religiosa de la persona” para que “no genere para nadie agravios comparativos”.
“Queremos recordar que no es aceptable la descalificación de esta asignatura o del trabajo de sus profesores como adoctrinamiento”, aseveró el obispo en nombre del Episcopado.
