El Gobierno ultima en estas semanas la publicación de la lista de los bienes inmatriculados por la Iglesia durante la reforma de la ley hipotecaria promovida por José María Aznar. A falta de conocer el resultado definitivo, en las reuniones bilaterales mantenidas entre Moncloa y la Conferencia Episcopal, “se nos ha reconocido que se ha hecho conforme a lo establecido”.
Lo ha desvelado hoy el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en la rueda de prensa con la que se ha dado por concluida la Asamblea Plenaria de los obispos españoles. Aun así, el portavoz episcopal admitió que se ha podido producir algún error en el registro y visibilizó la voluntad de subsanarlo: “Pudiera ocurrir que en alguna de las 23.000 parroquias hubiera podido inscribirse un templo y lo que estuviera alrededor, como fuera una plaza, por ejemplo”.
“Cualquier cuestión de este tipo debe animarmos a que pueda ser abordado por cada diócesis o por cada instituto religioso”, expresó, a la vez que recordó que en España hay 40.000 entidades vinculadas a la Iglesia que pueden inscribir bienes entre obispados, congregaciones religiosas, asociaciones, cofradías…
En cualquier caso, lamentó que estos posibles fallos pudieran derivar en una campaña para presentar “a la Iglesia como una gran inmobiliaria o propietaria de fincas” y manifestó que “las ermitas y los cementerios no se los llevan los obispos a su casa, son de uso público de los pueblos”.
En esta misma línea, el recién elegido vicesecretario de Asuntos Económicos del Episcopado, Fernando Giménez Barriocanal, añadió que “sabemos que más de la mitad de esos 30.000 bienes inscritos son lugares de culto, entre un 20 y un 25 por ciento tienen un fin pastoral, y el resto provienen de pequeñas fincas rústicas, algunas de ellas utilizadas como albergues y campamentos, además de otras propiedades entregadas para una finalidad concreta que se ha de mantener”.