“Estamos abiertos al diálogo y a resolver las preocupaciones de la concertada”. Es el mensaje que la ministra de Educación, Isabel Celaá, lanza hoy a través de una entrevista al diario ‘El País’ ante las movilizaciones de la comunidad educativa tras la aprobación de la reforma educativa en el Congreso de los Diputados por tan solo 177 votos, uno más de lo que exige una ley orgánica.
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Celaá se felicita porque la llamada Lomloe ha logrado, a su parecer, ser una normativa “que busca el equilibrio” en tanto que “no ha aceptado proposiciones maximalistas presentadas por algunos grupos”. Así, la titular de Educación subraya que no se ha hecho caso a las peticiones para “que la Religión salga de la escuela o que se cierre la concertada”.
Desinformación
Desde ahí, la ministra incluso mantiene que “ningún profesor de la concertada perderá su puesto de trabajo por esta ley”. “La desinformación que ha circulado sobre el cierre de los centros es una falsedad”, apunta Celaá, que explicita, como según ella, la normativa “mantiene los principios básicos de la concertación vigentes desde 1985. Lo que hace es retirar algunos excesos que se habían ido incorporando”.
Es más, incluso llega a afirmar que “hay una parte de la concertada que no ha sabido leer las ventajas de la ley, se ha sentido amenazada y, además, ha entrado con una campaña dentro de los centros que nos preocupa”. “Todo interés político ha de quedar fuera de los centros, y aquí se implica a menores”, deja caer la ministra en un dardo a las iniciativas promovidas por la plataforma ‘Más Plurales’.
En esta misma línea, Celaá plantea que “la ley recoge las posiciones que ha tenido el país desde la Constitución, cuyo artículo 27 es el verdadero pacto educativo”. “En la ley se afirma la libertad de enseñanza y se define que la prestación del servicio público se realiza a través de los centros públicos y de los privados concertados, lo que es afirmar la libertad de las familias”, asevera.
