La marea naranja de la escuela concertada colapsa Madrid contra la Ley Celaá

La educación concertada se ha echado a la calle hoy contra la Ley Celaá. Madrid ha capitalizado unas protestas convocadas en 50 ciudades españoles y que ha contado con el respaldo de familias, profesores y entidades titulares del modelo educativo que hoy por hoy representa en todo al 30 por ciento de los colegios de nuestro país y que ahorra al Estado unos 4.900 millones de euros al año.

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La educación que queremos

Bajo el lema ‘Por el derecho a elegir la educación que queremos’, los participantes han paralizado con miles de coches en lo que han venido a denominar ‘la marea naranja’. Es la respuesta a la tramitación de la llamada Lomloe, que el pasado jueves fue aprobada por un solo voto de diferencia en el Congreso de los Diputados, que arrincona a la asignatura de religión y limita el acceso de los alumnos a la escuela concertada.

“Pedimos un pacto político de la que emane una ley que represente a toda la comunidad educativa y a toda la sociedad”, expresaba desde la madrileña Plaza de Cibeles, Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas, que defendió como esta protesta “es una marea pacífica que reclama derechos, pero, sobre todo, ser escuchada”.

El religioso trinitario definió a la escuela concertada como “un modelo integrador plural en el que todos caben y en el que todos cabemos”. Sobre la polémica de las cuotas que se recoge en la reforma, lamentó que “se busca vender nuestra escuela como injusta, cuando es falso, simplemente se echa mano de ideología”. “Los colegios necesitan del concursos de todos para salir adelante y desde ahí contamos con las familias de forma voluntaria”, añadió.

 “Hay que defender la mejora de la financiación de la escuela pública y concertada”, planteó el secretario general de la entidad que aglutina a los colegios cristianos españoles, a la vez que apuntó que “no se subvenciona a instituciones, sino a personas, a la las familias”. Desde ahí, reclamó “el respeto a la elección de las familias para seguir defendiendo la libertad de enseñanza” y rechazó la mirada “revanchista y sectaria” de la normativa.