Que la pandemia por el coronavirus llega a todas las capas de la sociedad es algo que ha quedado en evidencia también en el exhaustivo informe que la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Promoción Humana de la Conferencia Episcopal Española presentó en su Asamblea Plenaria el pasado 17 de noviembre. Un repaso que ha contado con información de primera mano gracias a 10 de los organismos eclesiales más afectados e implicados: Cáritas, Migraciones, Pastoral del Trabajo, Departamento de Turismo, Departamentos de movilidad humana: gitanos, ferias, circos y carreteras, Apostolado del Mar “Stella Maris”, Pastoral Penitenciaria, Trata, Justicia y Paz y las Semanas Sociales.
En el documento se presentan algunas de las realidades sociales más preocupantes, así como “una síntesis de las ‘respuestas’ que se están ofreciendo desde los ámbitos políticos, económicos y desde la Iglesia”. Un documento elaborado en octubre que trata de ser “significativo en lo que se refiere a la realidad de pobreza y marginación, contemplada por nuestros agentes pastorales y por los organismos directamente implicados en la pandemia” para reformar la “misión evangelizadora de la Iglesia ante las realidades sociales más urgentes”, según se lee en la introducción.
“Se considera muy urgente la necesidad de seguir concienciando a todos los cristianos sobre la dimensión social de la fe y la caridad política por medio del estudio de la Doctrina Social de la Iglesia”. Es una de las principales conclusiones a las que llega el documento de los obispos. Con esta premisa, hacen un llamamiento a “incrementar el voluntariado cristiano y a renovar las comunidades cristianas”. Y resulta especialmente significativo que, a renglón seguido alerten del peligro de que, entre los católicos “se produzca una disociación entre la fe y la vida y todas las personas puedan ver respetados sus derechos fundamentales”.
Además, conscientes de la dimensión que está adquiriendo la emergente pandemia social, la Iglesia califica de “imposibilidad” el hecho de ser capaz “de dar respuesta a todos los problemas desde las instituciones y organismos eclesiales”. Por ello, desde la Conferencia Episcopal “se ve necesario mantener un diálogo fluido con los responsables de la política, de la economía y de los sindicatos, con la finalidad de encontrar sinergias en el respeto a la dignidad de las personas, en la promoción de un trabajo decente y en el acompañamiento de los descartados para ayudarles a superar su soledad e impotencia”.
La pandemia, constatan los obispos, “ha trastocado todas las dimensiones de la existencia” y “la crisis ha generado una rápida y profunda herida en nuestra sociedad”, sentencian. Una situación que ha llevado a tomar decisiones como la “limitación de derechos humanos” o con la que se ha incrementado “la desigualdad en la sociedad española”. Además, denuncian, los cambios sociales y políticos han acelerado “la cultura dominante tanto en el ámbito político como económico ha configurado un nuevo modelo social, cuyos axiomas principales son el relativismo, el individualismo y, como consecuencia, la búsqueda de la máxima ganancia sin tener en cuenta la situación y los problemas de los demás”.
Para los obispos, hay muchas “manifestaciones del descarte en la crisis”: el “desempleo y reducción de ingresos” especialmente en el turismo o en el sector servicios, la “crisis de la vivienda”, la “crisis de la salud y de los cuidados”, el “debilitamiento de las redes de apoyo” o la “brecha digital”. Dicho descarte a tocado de forma más sangrante a determinados colectivos. En este sentido, el estudio presenta la realidad de las personas refugiadas y migrantes, las personas sin hogar o con viviendas inseguras, las víctimas de la trata, los presos y sus familias, los profesionales de la marina mercante y de la pesca, transportistas, feriantes o los gitanos.
En el documento episcopal se analizan las respuestas que se han dado desde las administraciones públicas como es el caso de los ERTE o determinadas líneas de crédito; así como otras actuaciones específicas ante determinados colectivos. Ante esto, se destaca que “la Iglesia ha ofrecido, en la medida de sus posibilidades, respuestas e iniciativas”. “En general, se puede decir que toda la actividad de la Iglesia se ha intensificado durante este tiempo y no se ha echado el cierre”, destacan.
Concretando los canales de asistencia promovidos por las instituciones eclesiales, en el Informe se detallan las respuestas asistenciales, la “atención telefónica y on-line constante y continua”, el “acompañamiento a las personasen situación de vulnerabilidad”, la asistencia espiritual a través de nuevas fórmulas, la promoción y el “aumento del voluntariado”, el trabajo en red con distintos tipos de entidades públicas y privadas, el aumento de las tareas de sensibilización y denuncia… así como las respuesta a las necesidades específicas de distintos colectivos. En este sentido, se destaca la labor de la Pastoral Gitana, el Apostolados del Mar, la tarea con víctimas de la trata, las migraciones, la Pastoral de las Ferias, Circos y carreteras, del turismo, la penitenciaria o de Cáritas.
“Los agentes pastorales que están impulsando la misión evangelizadora de la Iglesia en estos sectores, constatan la necesidad de seguir cuidando en el futuro la vida espiritual y la eclesialidad de todos los voluntarios para que su actividad nazca de la experiencia del amor de Dios, manifestado en la persona de Jesucristo, y como compromiso de toda la Iglesia”, destaca el Informe entre sus conclusiones.
Para ello, además de mantener cauces de diálogo con las distintas instituciones, los obispos instan a “seguir concienciando a todos los cristianos sobre la dimensión social de la fe y la caridad política por medio del estudio de la Doctrina Social de la Iglesia”.