La deportación ilegal de 16 niños, que iban al reencuentro con sus padres a Trinidad y Tobago, ha encendido las alarmas de la Iglesia venezolana frente a la creciente estigmatización de sus connacionales, que huyen de la severa crisis humanitaria en el país petrolero.
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En un comunicado, la comisión de justicia y paz de la Conferencia de Obispos y la red Clamor han hecho un llamado de atención a “la opinión pública venezolana e internacional sobre las conductas de los gobiernos que afectan a poblaciones vulnerables como lo son los solicitantes de asilo y los migrantes provenientes de la República Bolivariana de Venezuela, en particular los niños y adolescentes”.
Violación de derechos
El caso es que los 16 menores, junto a nueve mujeres, fueron retornados “al mar, a bordo de dos botes peñeros que no reunían las condiciones de seguridad pertinentes”, por tanto “esta decisión viola de forma flagrante la convención de los Derechos del Niño y la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto del Refugiado, en particular los principios fundamentales de No Devolución y Unidad Familiar”.
Además han denunciado la actitud hostil de Keith Rowley, primer ministro de la isla, quien acusó a los venezolanos migrantes de tráfico de personas como también las declaraciones de las autoridades de la isla al calificar el éxodo venezolano de indeseable, por lo cual la promoción de estas conductas “menosprecian la dignidad de la persona humana y marcan un cruel modelo de comportamiento en el que pueden prosperar atropellos”.
Si bien la decisión de deportación fue anulada por el Tribunal Superior de Trinidad y Tobago, lamentablemente “ya se habían concreado los actos lesivos”, lamentan.
Evitar politización de hechos
Han sugerido no utilizar esta situación “como blanco en la confrontación política entre los gobiernos”, porque “siempre es de recordar y reivindicar el carácter exigible y universal de la garantía indivisible e interdependiente de todos los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación alguna”.
“Dejamos sentada ante la comunidad internacional una clara posición de repudio a los referidos actos, y ratificamos el apoyo a estos niños y sus familias, manteniendo contacto con nuestra Diócesis Carúpano y de Trinidad y Tobago, para exigir al gobierno de ese país cumpla con los convenios internacionales, a favor de nuestros hermanos venezolanos migrantes que están en su territorio”, acotaron.
Foto: El Nacional
