Los siete artículos que la Escuela Concertada quiere tumbar de la Ley Celaá

Representantes de la Plataforma Más Plurales, de la que forman parte sindicatos, asociaciones de familias, empresas del sector y diferentes organizaciones educativas, han registrado en el Senado hoy, 4 de diciembre, las enmiendas dirigidas a los Grupos Parlamentarios que van a debatir la Ley Celaá tras su paso por el Congreso de los Diputados.

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De esta manera, la organización ha presentado un total de siete enmiendas “con un sentido constructivo y con el fin de mejorar el articulado de la LOMLOE para adaptarlo al sentido y al contenido”. En concreto, las enmiendas se han hecho a los artículos 74, 86, 87, 88, 109, 116, 117 y en las Disposiciones Adicionales Tercera y Cuarta, entre otros. “Todas ellas”, como asegura la plataforma, “de una manera o de otra, afectan a la libre elección de las familias, tanto de una manera general como para los centros de Educación Especial”.

“Se trata, en definitiva”, subrayan, “de respetar esa libertad de los ciudadanos y de impedir que sean las Administraciones las que impongan sus exclusivos criterios”. Para la organización, en la ley “hay una predisposición especial hacia la escuela pública en detrimento de las escuelas concertadas, que tendrán a partir de ese momento un carácter subsidiario, poniendo en peligro el futuro de miles de trabajadores”. Sin embargo, “en la actualidad, y sin que existan problemas de ningún tipo, la complementariedad garantiza esta libertad de elección”.

Mejorar el contenido

Por otra parte, las enmiendas reclaman “la correcta financiación de todos los centros sostenidos con fondos públicos, los ordinarios (incluyendo a los centros concertados) y los de Educación Especial”. También, “la importancia de crear plazas de Educación Infantil de carácter público y de iniciativa social (en la Ley solo se habla de crear plazas públicas)”. Y, además, la necesidad de “garantizar los recursos personales y económicos para escolarizar a todos los alumnos en todos los centros sostenidos con fondos públicos, también a los alumnos con necesidades educativas especiales, que requieren de una precisa atención”.

En definitiva, con estas enmiendas se busca “mejorar el contenido de la Ley para hacerla más dinámica, plural y abierta”, ya que, “con el articulado actual, estamos ante una Ley fuertemente intervencionista que promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo, elemento sin duda clave en una sociedad democrática”.