Mientras va camino del Senado la Ley Celaá que reforma el sistema educativo, el ministro de Universidades, Manuel Castells, ha anunciado un decreto –como medida intermedia ante una nueva ley de universidades– que endurece los requisitos para que la educación superior sea de una calidad tal.
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Y lo hace ante la proliferación de nuevos centros educativos o de propuestas de másteres y grados en línea. En la voluntad de este primer decreto se contempla hasta la posibilidad de quitar el propio nombre de “universidad” a quienes no cumplan los requisitos, algo que podría tener el punto de mira en las privadas o aquellas dedicadas a la enseñanza telemática.
Aunque hay un mes de tregua para presentar propuestas al borrador, Julio L. Martínez, rector de la Universidad Pontificia Comillas, ya conoce el texto que busca “ahondar en la garantía de que las universidades cumplan con todas las funciones universitarias, y particularmente la de investigación, ya que las principales novedades del Decreto se sitúan en esta área: publicaciones por profesor-doctor y presupuesto de las instituciones dedicado al fomento de la investigación”.
Requisitos del decreto
Esto lo hace revisando la estructura de titulaciones, la distribución de los alumnos –en esta caso se pide que “al menos la mitad de los estudiantes deben serlo de grado y al menos un tercio del total debe estar matriculado en títulos oficiales, frente a los de formación continua”–, la cualificación del profesorado y los sistemas de revisión de calidad.
Comillas trabaja en sintonía con el espíritu del decreto, aunque “el texto aún necesita precisión”, desde la universidad de los jesuitas cumplirían los requisitos como han acreditado diferentes entidades certificadoras. Lo más difícil de cumplir es “la exigencia de un 70% de doctores en los másteres profesionalizantes”, según el rector.
En el caso de la Universidad CEU San Pablo, “se encuentra plenamente preparada para cumplir con los requisitos”, según señala María Bellido, secretaria general y vicerrectora de Relaciones Institucionales, al “exigir una oferta de enseñanzas más amplia y multidisciplinar, mayores exigencias para el personal docente e investigador, más producción científica y el aumento del presupuesto destinado a programas propios de incentivación de la investigación”.
Un acelerador de la calidad educativa
Para el vicerrector de Coordinación Estratégica y Calidad de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) Miguel Ángel Huerta “aún es muy pronto para hacer una valoración institucional, dada la premura de la comunicación y el hecho de que el texto no sea definitivo”. Más allá de eso, la universidad de la Conferencia Episcopal “lleva años apostando por la mejora de la actividad que nos resulta propia, tanto docente como investigadora” y “se adoptarán las decisiones estratégicas que correspondan para que nuestra universidad cumpla el marco normativo con la solvencia histórica que nos caracteriza”.
En la UPSA desde enero está en marcha el Plan Estratégico 2020-2024 en el que “la innovación es uno de los ejes” como “apuesta por mejorar los indicadores vinculados a la actividad investigadora”. “Es ahí donde radica nuestro principal desafío para terminar de cumplir los requisitos que establece el borrador de Real Decreto, por lo que su probable aprobación no supondrá un cambio de estrategia sino, en todo caso, su aceleración”, explica Huerta.
