Si bien el verano supuso “un respiro” para las familias más vulnerables por el descenso de desempleo, lo cierto es que más de la mitad de las personas acompañadas por Cáritas siguen en búsqueda de trabajo (55,4%) y más de 1 de cada 10 personas tiene un empleo informal. En consecuencia, cerca de 246.000 personas atendidas por la oenegé viven en hogares que no cuentan con ningún ingreso económico, lo que significa que sigue habiendo más hogares sin ningún ingreso que antes de que estallase la pandemia.
- DOCUMENTO: Texto íntegro de la encíclica ‘Fratelli Tutti’ del papa Francisco (PDF)
- LEE Y DESCARGA: ‘Un plan para resucitar’, la meditación del papa Francisco para Vida Nueva (PDF)
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos de la revista en tu email
Así lo revela Cáritas Española en la segunda entrega del análisis realizado por su Equipo de Estudios sobre el impacto que está teniendo la crisis social y económica causada por la Covid-19 en las personas acompañadas por la organización. Realizado a partir de datos del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas, este nuevo informe se publica bajo el título ‘Un impacto sostenido tras el confinamiento’ y aborda el modo en el cual las familias se están readaptando, cuál es su situación y cómo afrontan el futuro tras el confinamiento.
El informe revela, asimismo, que más de la mitad de hogares acompañados por Cáritas están en situación de pobreza severa, es decir, con ingresos inferiores a 370 € al mes para un hogar unipersonal o a 776 € para hogares formados por dos adultos y dos niños. Al mismo tiempo, subraya que quienes trabajan asumen los riesgos de contagio por Covid-19: casi 4 de cada 10 personas asumen bastantes o muchos riesgos debidos a su actividad laboral.
Mayor vulnerabilidad
Además, en caso de tener que hacer cuarentena por posible contagio o contacto con alguna persona positivo por coronavirus, Cáritas advierte que más del 70% de estas personas se enfrentaría a graves dificultades en forma de problemas con los empleadores, despido o ausencia de ingresos.
Por todo ello, la oenegé denuncia que las medidas de protección social son aún insuficientes. La entidad, que ha apoyado en todo momento la fórmula de un ingreso mínimo garantizado, ha observado, sin embargo, que el diseño del Ingreso Mínimo Vital y su desarrollo e implementación tienen a día de hoy “importantes deficiencias”, como que “prácticamente el 40% de hogares no ha solicitado el Ingreso Mínimo Vital por falta de información; mientras, más del 70% de quienes sí lo han solicitado siguen a la espera de una respuesta”. Del mismo modo, Cáritas ha remarcado que solo un 1% de las trabajadoras del hogar ha cobrado el subsidio para empleadas domésticas.
Por otro lado, el informe profundiza también en las precarias condiciones de vida que presentan las familias atendidas. En primer lugar, en cuestión de vivienda, que sigue llevándose una gran parte de los ingresos, lo que provoca unas estrategias de supervivencia que pasan por reducir costes de manera drástica. De esta manera, 42.000 familias acompañadas por Cáritas ya se han visto obligadas a cambiar de vivienda para disminuir gastos, pero, además, un 44% de estos hogares (unas 650.000 personas) no pueden hacer frente a los gastos de suministros y un 41% al alquiler o hipoteca.
Impedimentos en la educación
Asimismo, Cáritas expone que el confinamiento ha acelerado la digitalización de la sociedad y potenciado, con ello, la desigualdad tecnológica, hasta el punto de que la brecha digital se ha convertido en un factor de exclusión social. Más del 60% de hogares atendidos por Cáritas están situación de cierto apagón tecnológico al no contar con conexión, dispositivos o competencias suficientes para manejarse en internet. Esto, además, provoca que el 60% de hogares viva, al menos, un menor que tuvo dificultades para terminar el curso.
Como se constata en el informe, el acceso a internet y a dispositivos tecnológicos se ha convertido en un suministro básico para muchos ámbitos de nuestra vida: trabajo, formación, educación, trámites con las Administraciones o relaciones sociales, y su ausencia en un motor más de la exclusión.
La población migrante, especialmente vulnerable
El informe pone el foco también colectivos específicos, como el de la población inmigrante, que sigue estando en una situación de desventaja, especialmente en casos de irregularidad. En ella, se detecta un mayor porcentaje de empleo informal (19%) que entre el conjunto de la población atendida por Cáritas (14%). Y si se analiza sólo la población en situación administrativa irregular, donde el desempleo y la economía informal son mayoritarios, los porcentajes de pobreza se disparan hasta el 77%. “Esta situación es especialmente preocupante dado que las personas sin documentación en regla y, por tanto, abocados de forma obligada a la economía informal no cuentan con ningún tipo de prestación social que pueda mitigar las mencionadas situaciones de pobreza y exclusión”, asevera la oenegé.
Otro de los colectivos vulnerables objeto de atención especial es el de los hogares monoparentales, que en su inmensa mayoría están encabezados por mujeres, y donde la pobreza se sitúa en el 62%, un porcentaje superior al ya elevado dato del 54% que ofrece el conjunto de familias acompañadas por Cáritas.
Por su parte, Raúl Flores, coordinador de Estudios de Cáritas, ha señalado que “este es el impacto sostenible que nos está dejando esta crisis: crecer en hogares en situación de pobreza, tener dificultades para seguir adecuadamente los procesos formativos, y estar expuesto a dinámicas vitales y familiares de estrés: incertidumbre sobre el futuro, exposición a sucesos vitales estresantes tales como la pérdida del empleo, conflictos familiares graves o la perdida de la vivienda, entre otros problemas”.
En la misma línea, Daniel Rodríguez, técnico del equipo, “aumenta la probabilidad de que menores y jóvenes inmersos en estas circunstancias sufran pobreza, vulnerabilidad o exclusión social en el futuro, que es lo que se conoce como transmisión intergeneracional de la pobreza”. “Los datos que aporta este estudio inciden en estas circunstancias –añade— y las consecuencias socio-económicas de la pandemia están afectando precisamente a estas variables de riesgo en familias con menores a su cuidado, lo que quiere decir que estamos hablando no sólo de cuál es la coyuntura actual de estas familias, sino de la generación futura de la pobreza y la exclusión social”.
