Golpe en la mesa del cardenal Carlos Osoro. Y ha decidido darlo en forma de decreto para acometer auditorías periódicas en todas las fundaciones vinculadas, de forma directa o indirecta, al arzobispado de Madrid. El pastor quiere borrar toda sombra de duda y garantizar la protección de su patrimonio y de los fines para los que fueron creadas después de unos meses convulsos en los que la actividad de estas entidades ha estado en el punto de mira.
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“Osoro quiere llegar hasta el final”, sentencian desde su equipo, ante los escándalos mediáticos que han provocado algunas de las operaciones recientes asociadas a ellas. Por un lado, la fundación Santísima Virgen y San Celedonio, que llegó a vender a la Universidad de Nebrija una finca que incluía la popular parroquia de San Jorge y una residencia de ancianos. Un caso que parece cerrarse después de que hace unos días se revertiera la operación tras un acuerdo entre el centro educativo y el arzobispo, como presidente de la fundación.
Por otro, la fundación Fusara (Santamarca y de San Ramón y San Antonio), con una salida más compleja, al haberse judicializado la venta de unas viviendas después de que los inquilinos de las casas denunciaran el caso. El objetivo sería el mismo: esclarecer qué información se facilitó para la venta de 14 edificios a una sociedad a un precio por debajo de su valor de tasación y tomar las medidas oportunas para defender los fines fundacionales, incluyendo posibles reversiones.
Dolor y decepción
Desde el entorno del purpurado no ocultan “el dolor y el cansancio” del cardenal por esta polémica, al igual que a él mismo le ha costado asumir la decepción que le ha provocado David López Royo, responsable de estas operaciones como delegado episcopal de Fundaciones de la Archidiócesis de Madrid. Bajo un mando único, Osoro le encargó profesionalizar una red de 74 fundaciones, muchas de ellas civiles que no están sometidas a la autoridad del arzobispado, pero que, en última instancia, tienen de alguna manera una tutela eclesial que se entregó a López Royo.
Así se recogía en un reciente comunicado del arzobispado sobre la fundación Santísima Virgen y San Celedonio, en el que sentenciaba que si bien la Presidencia corresponde al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, la función “siempre ha sido desempeñada por un presidente delegado, inscrito como tal en el Registro de Fundaciones y sometido a la supervisión del Protectorado Civil”.
“Dudosos intereses”
“Se le confió una responsabilidad de la que parece no haber sido digno”, comentan fuentes episcopales sobre López Royo a raíz de las decisiones que adoptó en sus tres años y medio al frente, hasta que en octubre de 2019 abandona su cargo. Es entonces cuando se constituye una comisión, bajo la supervisión del obispo auxiliar José Cobo, para que actúe como órgano colegiado para consensuar las decisiones que se tomen sobre las fundaciones.
Según ha podido confirmar Vida Nueva, “meses antes se le habían limitado los poderes por el runrún generado por los dudosos intereses en la toma de algunas decisiones”. Tal es la situación que ahora se habla ya de una supuesta trama inmobiliaria que habría movido hasta cien millones de euros y expoliado los bienes de estas fundaciones, lo que ha motivado la intervención de la Fiscalía Anticorrupción.
