La Orden de los Frailes Menores recurrirá el fallo de la Audiencia Provincial de Córdoba que ha condenado a un sacerdote y profesor a 20 años de prisión por abusar sexualmente de forma continuada de 4 alumnas. Es el resultado de un juicio en el que declararon 6 menores, acusando al religioso de tocamientos –en el caso de 2 de los menores no han quedado acreditados los abusos–.
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A la búsqueda de la verdad
Los franciscanos de la provincia de la Inmaculada Concepción han emitido un comunicado en el que se reitera “una vez más, nuestra firme voluntad de trabajar a favor de la protección de menores, previniendo y denunciando cualquier abuso sexual, de autoridad o de cualquier otra conducta punible, ejercidos o no por el personal de nuestros centros escolares y parroquias, sea sacerdote, religioso o seglar” siguiendo los protocolos puestos en marcha por la Orden.
Afrontando el caso del religioso que “trabajaba hace seis años en la parroquia aneja al colegio Santa María de Guadalupe, de Córdoba, por denuncia de presunto abuso sexual a unas alumnas del citado centro”, los religiosos consideran “un deber ineludible conocer la verdad de los hechos denunciados, esta Provincia interpondrá recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la sentencia aludida”.
Presunción de inocencia
Por su parte, los franciscanos aseguran que “seguimos a disposición de las presuntas víctimas y sus familiares; lamentamos el daño que la misma denuncia haya causado y apelamos, no obstante, al principio constitucional de presunción de inocencia y a ser juzgado por una segunda instancia, a la que tiene derecho toda persona cuando la sentencia desfavorable aún no es firme”.
La sentencia, además de la pena de prisión, prevé una pena de inhabilitación para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular con menores de edad por un tiempo superior en 3 años a los 3 años de prisión impuestos por cada delito “dado el riesgo especial que, por su dedicación habitual, no solo a la enseñanza, sino dentro de la labor sacerdotal, de contacto con menores, pueden revestir sus posibles actividades de futuro”. Además, el sacerdote tendrá que indemnizar con un total de 16.000 euros a las 4 víctimas.
