El SJM denuncia que la Guardia Civil rebasa los límites legales al practicar el “rechazo en frontera”

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha presentado telemáticamente, este miércoles 16 de diciembre, su bianual Informe Frontera Sur, en el que evalúa la situación del flujo migratorio desde África hasta España, siendo ya el quinto estudio de este tipo realizado por esta red de la Compañía de Jesús.

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El estudio de 2020, que se titula ‘Buscar salida’, denuncia que “el endurecimiento del control de los movimientos migratorios por parte de Marruecos (con fondos de la UE) implica un hostigamiento policial continuo y más violencia sobre migrantes y refugiados. La noticia de personas muertas y lesionadas en el intento de cruzar la frontera deja patente la necesidad de arriesgar la vida y la integridad física para pedir asilo”.

Hay vías alternativas y seguras

De ahí su lamento, pues hay vías alternativas y seguras para quienes se ven forzados a emigrar y que no tendrían por qué jugarse la vida en ese proceso: “El Tribunal Supremo ha formado jurisprudencia sobre una vía segura de acceso al asilo: la solicitud de protección en embajadas y consulados de España por parte de nacionales de terceros países”.

Sin embargo, “es constante la práctica de distintas formas de devoluciones sumarias a través de los portillos que jalonan las vallas y en las aguas territoriales de Melilla, o con garantías meramente formales para aplicar el acuerdo bilateral de 1992. Se observan operaciones policiales españolas y marroquíes más allá de los límites de su jurisdicción territorial. La Guardia Civil sigue practicando el ‘rechazo en frontera’ como si tuviese cobertura legal incontestable”.

Respecto al Constitucional y a Estrasburgo

Y es que, como ha enfatizado en la presentación del informe Josep Buades, coordinador del Equipo Frontera Sur, resulta especialmente grave algo que denuncian en su estudio: el que se haya modificado “el párrafo primero de la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, vaciado de sentido por la sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, en Estrasburgo. Hasta el punto de que “no puede decirse que se ajusta a los criterios de constitucionalidad establecidos por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia sobre los derechos fundamentales a la libre elección de residencia y a la libre circulación por todo el territorio nacional de solicitantes de protección internacional documentados. La Policía no puede impedirlos ni restringirlos, falta de fundamento legal”.

Con todo, la realidad es que la fuerza policial “persiste en su política de impedir el embarque a la Península con el pretexto de que no tienen domicilio en ella, contraviniendo el ordenamiento jurídico”. Algo que lleva a dañar aún más la posición de las personas traficadas por mafias: “Un control de fronteras para impedir la entrada a toda costa sin atender a las necesidades de protección también desprotege a personas objeto de trata. Algunas malas prácticas de los operadores implicados en el control de fronteras (policías, abogados de oficio, Ministerio Fiscal, juez e incluso trabajadores sociales del CETI) han llevado a la condena penal de víctimas del delito que se les imputa”. Un hecho que, como mínimo, han documentado en el caso de una mujer.

Vulnerabilidad de los menores

Además de las víctimas de trata, también sufren las consecuencias de estos excesos legales los menores no acompañados: “Persiste la mala práctica administrativa de no tramitar la documentación de los menores extranjeros bajo tutela administrativa, lo que los coloca en situación irregular al cumplir la mayoría de edad. La situación de vulnerabilidad se agrava en los casos de los ex tutelados a los que no se entrega la correspondiente Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE). No poder viajar a la Península ni ser admitidos en el CETI los condena a vivir en situación de calle”.

Igualmente, “la lentitud en la práctica de las pruebas de ADN y el exceso de celo administrativo condenan a la separación a miembros de familias cuando hay menores de edad cuya tutela ha asumido la Ciudad Autónoma. La situación se agrava cuando viajan juntos hermanos mayores y menores sin los progenitores: mientras persiste la tutela administrativa de los menores, los hermanos mayores se enfrentan a la disyuntiva entre seguir adelante con el proyecto migratorio rompiendo los lazos familiares o quedar estancados en Melilla para preservar la relación”.

En un limbo jurídico

“Es llamativa –prosigue el informe– la determinación con la que el Ministerio del Interior mantiene su política de minimizar los traslados de personas migrantes y solicitantes de asilo desde Melilla a la Península. Esta política tiene consecuencias en la salud pública de toda la población. Genera una tensión que ha llegado a estallar en una protesta violenta. Somete a la población migrante alojada en instalaciones provisionales a condiciones de vida indignas. Ha situado a las personas en un limbo jurídico mientras no tenían una tarjeta de identidad relativa a su estancia. Y lleva consigo formas de restricción de libertad y de privación de libertad sin base legal”.

Respecto a la situación en Melilla, que ya en 2018 el SJM percibía “como un laberinto geográfico complicado por una maraña de normas y prácticas administrativas que frustran la regularización del proyecto migratorio de las personas migrantes en situación irregular que abren camino”, se comprueba que, tres años más tarde, faltan las respuestas en clave humanitaria: “Ha disminuido el número de personas procedentes de Siria, Palestina, Irak y Yemen que solicitan protección internacional: pero en 2018 y 2019 quedó patente la mayor dificultad que encontraban para pasar los controles fronterizos marroquíes en Beni Enzar antes de poder llegar a la Oficina de Asilo y Refugio”.

Más diversidad nacional

En este tiempo, lo que ha aumentado “notablemente” es la llegada de personas tunecinas y argelinas, así como “un movimiento migratorio inédito de personas egipcias, sudanesas y eritreas”. “También 2018 –se indica– marcó una nueva tendencia de solicitud de protección internacional por parte de personas subsaharianas, especialmente malienses, así como de reconocimiento de sus necesidades de protección. Todo lo anterior, sin contar con las personas marroquíes que solicitan protección”.

Así, “si algo puede caracterizar el año 2020 ha sido la permanencia en Melilla de cerca de un millar de personas originarias de Marruecos, Argelia y Túnez. Muchas solicitaron protección internacional, viendo denegada la admisión a trámite de su solicitud, también en el reexamen. La policía les planteó la disyuntiva entre cumplir la salida obligatoria dejando abierta la posibilidad teórica de obtener la entrada en España o que se les impusiera una orden de expulsión con la consiguiente prohibición de entrada durante un período, normalmente, de tres años”.

Varios países no readmiten a sus nacionales

Una consecuencia es que “Argelia parece no haber readmitido a más ciudadanos suyos para su devolución o expulsión desde España desde el cierre de las fronteras internacionales por causa de la pandemia, ni siquiera tras la visita del presidente del Gobierno. Las autoridades tunecinas, marroquíes y egipcias tampoco se avienen a readmitir a sus nacionales a pesar incluso de las visitas oficiales de los ministros del Interior y de Asuntos Exteriores. Son personas que permanecen en Melilla, mayoritariamente en el CETI, puesto que el Ministerio del Interior rehúsa trasladarlas a la Península, donde quedarían en libertad, transitando por España con destino a Francia o a otros estados miembros de la UE”.

En cuanto al impacto de la pandemia, “la segunda oleada ha incidido en Melilla mucho más que la primera. Se han verificado contagios en el CETI. El encrespamiento de los ánimos de la población norteafricana que se ve sin salida desembocó en protestas virulentas a finales de agosto, en las que se produjeron destrozos y agresiones. Los principales actores de las protestas ingresaron en el centro penitenciario de la ciudad: algunos enfermaron de Covid-19 y lo contagiaron a otras personas presas. Las autorizaciones de traslado a la Península de personas subsaharianas solicitantes de asilo y de migrantes en situación irregular, junto con alguna del Próximo Oriente, han sido muy escasas”.

Corredores humanitarios

Entre las diversas propuestas del SJM, David Melián, uno de los miembros del Equipo Frontera Sur, ha apelado a los corredores humanitarios, poniendo la salud de las personas que se ven obligadas a dejar sus hogares en el centro de toda posible reflexión pública a la hora de abordar el fenómeno migratorio.

Otro de los autores del informe, Diego Fernández-Maldonado, ha pedido a la Administración que haga todo lo posible por evitar la separación de las familias. Para ello, entre otras cosas, se han de agilizar las pruebas de ADN.

Testimonio directos

Josep Buades ha recalcado que el estudio se nutre en buena parte con los testimonios de muchas víctimas que se han visto afectadas por las políticas restrictivas en la frontera: “Nos cuentan cómo los guardias civiles suelen ser respetuosos con ellos, pero no atienden sus denuncias sobre lo que les ha ocurrido con las fuerzas marroquíes, ni mirando las heridas que les han ocasionado los apedreamientos o las concertinas”.

También ha deplorado que la cuestión migratoria entre en el juego político y, deformada a veces por ciertos intereses mediáticos, lo aprovechen movimientos políticos que fomentan el sentimiento antiinmigrante. En este sentido, “nos parten el alma” los casos de personas que, varadas en Melilla y ya sin esperanza de alcanzar su destino soñado, les han manifestado su intención de suicidarse.