Las organizaciones que integran la Red Migrantes con Derechos (McD) –Cáritas, Confer, Justicia y Paz, y la Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana— recogen, desde hace años, los testimonios de devoluciones “sistemáticas” de personas que llegan a Ceuta y Melilla a sus países de origen.
- DOCUMENTO: Texto íntegro de la encíclica ‘Fratelli Tutti’ del papa Francisco (PDF)
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“Estos testimonios relatan las historias de personas que han sufrido rechazos en frontera en la valla de Melilla siendo menores de edad, sin poder acceder al puesto fronterizo de Beni Ezar para pedir asilo con severas heridas físicas”, asegura McD en un comunicado, en el que explican, además, que Tribunal Constitucional solo avala los rechazos en frontera “si cumplen tres condiciones: aplicación a las entradas individualizadas, sometimiento pleno y efectivo al control judicial, y que en ellos España cumpla las obligaciones internacionales adquiridas”.
“En realidad, el TC limita su juicio de constitucionalidad al texto en abstracto de la disposición adicional, reconociendo que será preciso juzgar la legalidad y aun la constitucionalidad de cada actuación administrativa por la que se rechace a una persona en la frontera de Ceuta o de Melilla”, asevera la organización.
Un fenómeno estructural
Por este motivo, “McD seguirá observando cómo se producen esos rechazos en frontera y si cumplen esas condiciones fijadas por el Tribunal Constitucional”. Y es que, por su experiencia trabajando día a día con migrantes, denuncian que no se entiende “en qué consiste la individualización” si se devuelve a las personas “sin preguntar, con la asistencia de intérprete y abogado de oficio, acerca de nombre, edad, nacionalidad, circunstancias personales” o “si necesita protección”, impidiendo así acceder “a la oficina de asilo y refugio”.
Asimismo, McD subraya que no puede haber un “pleno control judicial” sin un “mínimo procedimiento, sin una autoridad que se haga responsable de la resolución o de la decisión al menos”. Por otro lado, denuncian que “tanto antes como en las actuales circunstancias marcadas por la Covid-19 y con la frontera marroquí cerrada, es imposible acceder a las oficinas de asilo y refugio”.
En consecuencia, la organización eclesial pide al Gobierno que, a la mayor brevedad, “regule un procedimiento mediante el cual las condiciones fijadas por el Tribunal Constitucional puedan cumplirse garantizando que, tal y como dice el propio Tribunal: ‘A la persona extranjera que está siendo rechazada mientras se encuentra en los elementos de contención ubicados en territorio español, integrados en el sistema de seguridad fronterizo, le son aplicables las garantías de nuestro ordenamiento jurídico’”.
Además, y recordando los llamados del papa Francisco en ‘Fratelli tutti’, la red pide que los ciudadanos no se acostumbren “a las situaciones de vulnerabilidad y a no legitimar con nuestra pasividad lo que sucede”. “La realidad de la inmigración que convive con nosotros en unas condiciones de invisibilidad y de grave vulnerabilidad social”, continúa McD. “Como revela el reciente estudio ‘Un arraigo sobre el alambre’ realizado conjuntamente por Cáritas y la Universidad Pontificia Comillas, nos obliga a comprender, primero, que la migración es un fenómeno estructural y, segundo, que debemos dar respuesta al reto que nos lanza la gestión de la diversidad”, asevera.
