Cáritas diocesana de Madrid, junto a la parroquia Santo Domingo de la Calzada, lleva a la Fiscalía General del Estado los cortes de luz en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real Galiana. La entidad eclesial pide a la fiscal su visita al lugar y que “ordene tomar medidas para proteger a los 1.800 niños” y las 1.200 familias que llevan casi tres meses viviendo sin electricidad –83 días–.
El brazo social de la Iglesia denuncia esta “grave situación” que impide el uso de electrodomésticos como calefacciones, lavadoras o frigoríficos, lo que conlleva una pobre alimentación, falta de higiene –cuando se hace más necesario que nunca en medio de la pandemia del coronavirus– y el riesgo de enfermedades derivadas de las bajas temperaturas.
Del mismo modo, Cáritas alerta de posibles problemas de salud mental, puesto que “trastornos de ansiedad o depresivos pueden aparecer o empeorar por la situación de aislamiento social y por la interferencia en las actividades cotidianas, familiares y laborales secundarias a la falta de suministro eléctrico prolongado”.
Por otro lado, la entidad manifiesta que la falta de suministro tiene como consecuencia directa la vulneración del derecho a la educación. “Nos encontramos en una situación de pandemia en la que prima la formación on-line. Los niños y niñas de la Cañada Real no están siendo capaces de mantener estos procesos de formación por la falta de suministro eléctrico y por no acudir a las clases por la vergüenza que provoca el no poder ir aseados”, recalcan.
Asimismo, Cáritas se pone a disposición de las autoridades para apoyar y colaborar, pero exige a la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno que restablezcan el suministro, que creen una hoja de ruta para acelerar los realojos de las familias y que establezcan un plan de emergencia que dé una respuesta rápida hasta que finalicen los cortes de luz a las diferentes situaciones de necesidad de las familias.