Tras las declaraciones del presidente de Colombia, Iván Duque, de negar la vacuna contra el coronavirus a venezolanos en territorio nacional sin estatus migratorio regular, el Servicio Jesuita a Refugiados ha pedido reconsiderar esta decisión, porque “va en contravía del derecho humano a la salud”.
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Inclusive han mencionado –con base en datos de autoridades migratorias hasta octubre de 2020– que en el país se encuentran 1.717.352 venezolanos, de los cuales 947.106 se encuentran de forma irregular, lo cual significa que 55% de esta población migrante quedaría excluida.
Por tanto una vez más han recordado que es obligación del Estado colombiano garantizar medidas de regularización permanentes tomando en cuenta las realidades “por las que han salido de su país de origen”.
Principio de no discriminación
Además han aprovechado para rechazar este enfoque basado en una supuesta regularidad migratoria, cuando en efecto no se han dado las condiciones necesarias para ello, por tanto esto “aumenta su vulnerabilidad, crea discriminación, desigualdades sanitarias y genera un mayor gasto sanitario para los migrantes forzados”.
“El Estado Colombiano tiene la responsabilidad de actuar bajo el principio de no discriminación. El derecho internacional de los derechos humanos establece que todas las personas, sin discriminación, deben tener acceso a todos los derechos humanos fundamentales consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos”, han acotado.
Foto: EFE
