“A mi entender, con esta ley se ha emprendido el camino más fácil, pero con graves consecuencias en el plano moral por no estar a la altura de la dignidad humana”. Así lo ha asegurado el arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga, en un artículo publicado en la revista diocesana ‘Iglesia en camino’ sobre la aprobación de la ley de la eutanasia el pasado 17 de diciembre por el Congreso de los Diputados. Una normativa que, para el prelado, abre la puerta a un entendimiento erróneo de la libertad humana, “individualista” y en el que el “yo” es “absoluto”.
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“Es necesario y urgente que reflexionemos dónde puede conducirnos este modo de pensar y concebir la libertad humana”, asevera Morga, advirtiendo que puede llevar a “que prevalezca la ley del más fuerte”. “Por ser una forma de pensar en el fondo ‘individualista’ nos lleva de la mano a la sospecha, a no fiarnos del otro, porque, en cualquier momento, el otro querrá prevalecer sobre mí y someterme a su voluntad”, apunta en el artículo.
Además, asegura que “este tipo de leyes quitan seguridad en la sociedad, en ‘los otros’, en los médicos, en el personal sanitario, en los hospitales y, lo que es más penoso, en los miembros de la propia familia”. De hecho, al afirmar, como hace la ley “que se trata de un derecho individual que se ejercita si la persona lo quiere se ignora que la persona puede tener muy disminuidas sus facultades para ejercer un acto de libertad tan decisivo para él mismo y se olvida que cada persona forma parte de una comunidad y el ejercicio de este supuesto pone en peligro la seguridad de la comunidad entera”.
Sufrimiento y paliativos
“Además, este tipo de leyes se deslizan siempre por un terreno inclinado que, con el paso del tiempo, conduce a ampliar siempre más los supuestos previstos por la propia ley o a interpretarla siempre de forma más libre por parte de los otros”, continúa el prelado, quien no niega que “ciertamente, hay sufrimientos atroces e insufribles y además sin esperanza de curación con la ciencia médica actual”.
“Se entiende bien”, continúa, “que los familiares más cercanos, llevados de la compasión, puedan querer poner fin a esos sufrimientos con la muerte del ser querido, si él además lo quiere”. Sin embargo, señala que, para resolver estos casos, “que siempre serán pocos con respecto al conjunto de la sociedad, no es el camino acertado cambiar la ley porque la ley debe buscar el bien común”. De hecho, el obispo apoya que, para esas situaciones graves, “deben ser los jueces quienes, aplicando la ley al caso concreto, juzguen sobre las circunstancias eximentes que deben atenuar la pena o, en algún caso muy extremo, incluso suprimirla”. Y concluye: “con esta ley, ¿no estamos favoreciendo una forma de afrontar el sufrimiento humano que, de algún modo, retarda o no ayuda a la investigación médica para paliar dicho sufrimiento?”.
