Inyección de vida: las residencias, en el disparadero por el coronavirus

Según un estudio de RTVE, en España hay unas 5.500 residencias de ancianos. Centros en los que viven nuestros mayores y que, en estos meses de pandemia, han visto morir por coronavirus o con síntomas propios de este a casi 25.000 personas (en torno al 50% del total de los fallecidos oficiales por COVID-19 en España)… Algo que apoya Amnistía Internacional (AI) en un informe que acaba de publicar y que se titula ‘Abandonadas a su suerte: la desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la epidemia Covid-19 en España’.

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Como señala el estudio de AI, en los meses más convulsos de la primera hora, en marzo y abril, “alrededor del 70% falleció en residencias de personas mayores”. Algo que tuvo una especial incidencia en la Comunidad de Madrid, donde, “del 8 de marzo al 1 de mayo, hubo 5.828 personas fallecidas con coronavirus o sintomatología compatible en las residencias”, y en Cataluña, donde, “según los datos de la Generalitat, del 1 de marzo al 15 de noviembre de 2020, han fallecido 7.045 personas mayores que vivían en residencias por Covid-19 o sintomatología compatible”.

Esperanza en la vacuna

Una pesadilla que se espera que remita con el inicio de la vacunación, este pasado 27 de diciembre, aunque de ella no han escapado buena parte de las residencias, muchas de ellas vinculadas a comunidades eclesiales, ya sean sus titulares diócesis, congregaciones religiosas o entidades caritativas.

Pero también ha habido historias de esperanza, como las vividas en la Diócesis de Coria-Cáceres, titular de siete residencias de ancianos en las que ahora mismo viven 344 mayores. Como explica a Vida Nueva Francisco Manuel Delgado, técnico diocesano de apoyo a las residencias, fue el pasado 11 de marzo, unos días antes incluso de que se decretara el Estado de Alarma, cuando la diócesis impulsó un gabinete de crisis para que centralizara toda la acción en esos siete centros: “Muy preocupados por la situación, lo primero que hicimos fue cerrar las residencias y cortar con las visitas. También hicimos hincapié en adaptar los espacios y dejar plazas libres [tienen un total de 412 disponibles] para habilitar posibles zonas de aislamiento. En diciembre de 2019, antes de que todo esto ocurriera, había 32 residentes más repartidos en nuestras siete residencias de los que hay hoy. Evidentemente, hemos perdido ingresos y se han incrementado los gastos, pero apostamos por la seguridad y ha funcionado, pues, en toda esa primera ola, no tuvimos un solo caso de contagio”.

En ello resultó fundamental el apoyo de la diócesis, “que fue la que asumió todo el coste en la adquisición de Equipos de Protección Individual (EPI)”. “Y eso –reconoce Delgado– que en esos primeros meses no era fácil conseguirlos. Varias remesas que habíamos comprado fueron incautadas por la Guardia Civil en un momento en el que había falta de EPI en los hospitales… Llegó un momento de desesperación en el que incluso me planteé ir a otras comunidades autónomas a adquirirlas, pero el Estado de Alarma lo impedía y nadie me aseguraba que, en caso de conseguirlas, pudiera hacerlas llegar a las residencias sin que fueran incautadas”.

Clave el apoyo de la diócesis

Pese a la dureza del momento, el técnico de apoyo a las residencias celebra que se pudo salir adelante “gracias al apoyo de muchos donantes privados y, sobre todo, por el sostén de la diócesis, que, desde el primer momento, tuvo claro que el mayor esfuerzo económico no podía recaer en los internos, como sí han hecho en otras residencias. En Coria-Cáceres siempre tuvimos en cuenta que esta es una iniciativa de Iglesia, por lo que no se le ha subido la cuota a nadie. De hecho, esta se adapta siempre a las necesidades de la persona, que paga lo que puede”.

Para Delgado, la clave del buen funcionamiento de las residencias ante la pandemia ha estado en la coordinación: “Desde el primer día, definimos muy bien cómo debía de ser el gabinete de crisis y las personas que habían de integrarlo: el administrador diocesano (pues seguimos sin obispo), un abogado de la diócesis, la delegada de Medios (la comunicación es clave), un médico y un enfermero de las residencias, y yo mismo, como coordinador y encargado de adquirir todo el material necesario”.

Otra función clave como coordinador es hablar con los siete directores de las residencias y elaborar informes diarios de la situación en cada centro. Una información que, a diario, le remite al gabinete y a las autoridades competentes de la Junta de Extremadura. Aunque, en plena incertidumbre en esta segunda ola, no siempre ha sido fácil: “Ahora, nuestra mayor crisis se dio con un supuesto brote en una de nuestras residencias. En un primer momento dieron positivo ocho personas, cinco residentes y tres trabajadores. Dos de las residentes tuvieron que ser hospitalizadas, muriendo finalmente una de ellas. Los familiares de la otra residente nos informaron del resultado negativo en la repetición de la prueba en el hospital, por lo que se concluyó que, finalmente, solo eran realmente positivas la fallecida y uno de los trabajadores contagiados en un brote externo a la residencia, tras haber un caso extendido en su municipio. Fueron momentos muy duros y en los que pagamos un alto precio por algo que siempre reclamamos, como es la coordinación. No funcionó entonces con las autoridades sanitarias al haber falsos positivos y nos ocasionó un gran sufrimiento. Con diálogo y paciencia, conseguimos que todo se aclarara y pudimos resolver la situación”.

Llorar de impotencia

Y es que, si hay algo que reivindica por encima de todo Delgado, “es el componente humano. Yo he visto a los directores de las residencias llorar de impotencia al tener un posible contagio en su entorno y no poder acudir a su puesto durante un tiempo. Lo mismo que cuando las dos residentes se fueron camino del hospital. Se las trató con un cariño inmenso y fue algo que sufrimos todos. En un momento delicado como ese, todos los trabajadores se pusieron a nuestra disposición para ayudar en lo que hiciera falta”.