La educación concertada lleva a Europa su batalla contra la Ley Celaá

El pasado día 26 de noviembre de 2020, la escuela concertada, a través de la plataforma Más Plurales, registraba ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una solicitud de amparo, al considerar que la LOMLOE “constituye una grave vulneración de los valores sobre los que se fundó la Unión Europea ya que conculca su Carta de Derechos Fundamentales y el artículo 2 del Tratado de la Unión, y sustenta el Estado de Derecho español”.

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Ante la posterior aprobación y puesta en marcha de la conocida como ley Celáa, la plataforma ha anunciado que presentará ante la Comisión Europea, en los próximos días, “una denuncia contra el Estado español por el grave riesgo inminente de vulneración de Derechos Fundamentales y de Libertades del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que supone la aprobación y entrada en vigor de la LOMLOE”.

“Estamos dispuestos a adoptar todas las medidas necesarias para seguir defendiendo la libertad de enseñanza consagrada en nuestra Constitución, para que la enseñanza concertada sea una red complementaria del sistema educativo financiado con fondos públicos sin excluir a nadie de esta posibilidad, especialmente a las familias y alumnos más desfavorecidos, para que se reconozca y prestigie a todos los trabajadores del sector en igualdad a los del sector público, y para que se cumplan todos los acuerdos internacionales que el Estado español tiene suscritos y que afectan al sistema educativo”, ha asegurado Más Plurales. 

La “peor ley de educación” de la democracia

La concertada considera que la LOMLOE es “sin duda la peor ley orgánica de educación de nuestra reciente etapa constitucional”, ya que se trata de una ley aprobada “con un escaso apoyo, con el menor número de votos parlamentarios de todas las leyes educativas democráticas y con una tramitación parlamentaria en la que se ha vetado la intervención de la sociedad civil”. 

Asimismo, Más Plurales afirma que la ley Celáa “rompe intencionadamente cualquier posibilidad de pacto educativo, busca la confrontación entre enseñanza pública y concertada, asignando a esta última un papel absolutamente subsidiario que la aboca a su progresiva desaparición en favor de una enseñanza pública única”. En ella, apuntan, “se prioriza la decisión y planificación de la administración por encima del derecho de los padres a elegir el tipo de educación que consideren más adecuada para sus hijos”, lo que acaba, en definitiva, “con la pluralidad y la libertad de elección que garantiza la Constitución española y que recomiendan las instituciones de la Unión Europea”.