La ministra de Educación, Isabel Celaá, está convencida de que la Lomloe es una norma “perfectamente constitucional”. Es su respuesta a la ofensiva iniciada por la escuela concertada ante la Comisión Europea para frenar la reforma educativa. “Quien quiere llevarla la comisión europea de peticiones, está en su derecho”, añadió.
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Así lo manifestó durante el encuentro telemático organizado por Nueva Economía Fórum, en el que la ministra expresó que la ley consagra “los principios de la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 17.1” de la Carta Magna, así como la creación de centros. Además, presumió de una ley que califica de “ponderada, respetuosa y de equilibrios” al poner en valor “el derecho de educación a todos”.
Durante su intervención, también fue preguntada por la oposición de la escuela concertada. Así, repitió el mantra habitual en sus alocuciones, basado en señala que “no toda la concertada se ha mostrado a reticente a la Lomloe”, a pesar de que la plataforma Más Plurales, aglutina a la práctica totalidad de los centros.
“Desterrar toda segregación”
De la misma manera, también desmintió la falta de diálogo de la que le acusas los titulares y familias de estos colegios. “Hemos reunido a la enseñanza concertada tres veces y esto ha sido muy bien valorado, porque no estaban acostumbrados a ello”, comentó, insistiendo en que “la enseñanza concertada siempre ha encontrado en este Ministerio y en este equipo, diálogo abierto y mesa abierta y no hemos tenido más voluntad de llegar a acuerdos”.
“He mantenido siempre el despacho y teléfono abiertos”, llegó a decir la ministra, que aseveró que la Lomloe es fruto de “los acuerdos que hemos venido trabajando con la comunidad educativa”.
Al paso, volvió a dejar caer la etiqueta de elitismo de la escuela concertada, al señalar que la norma busca “desterrar toda segregación” para no permitir “que un alumno que tenga una extracción desfavorable” se quede fuera del sistema.
Al margen de la concertada, Celáa hizo una defensa del “lifting” al que quiere someter a la formación profesional, así como de la realidad educativa de un estado autonómico y plurilingüe. “De ninguna se puede considerar la retirada del adjetivo ‘vehicular’ de la ley con el hecho de que afecte a la naturaleza del castellano”, subrayó Celaá que reitero que la lengua española “es vehicular y seguirá siendo vehicular”.
