El Servicio Jesuita a Refugiados para América Latina y el Caribe, junto a un centenar de organizaciones sociales, académicas y de derechos humanos, ha instado –en un comunicado– a los gobiernos de la región “a garantizar a las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas el acceso a todos los servicios de salud” especialmente la vacuna contra el coronavirus.
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Sobre todo en un contexto cuando la segunda ola de la pandemia tiene azotadas a varias regiones del continente americano, por ello piden que la vacunación a estas poblaciones vulnerables “se haga sin discriminación alguna y en condiciones de igualdad que el resto de la población que se encuentra bajo la jurisdicción de cada Estado”.
Respetar convenciones internacionales
Además han recordado a los gobiernos que “en la obligación de respetar y garantizar los derechos de la vida, integridad y salud de absolutamente todas las personas que se encuentren en su territorio” en atención a las convenciones internacionales establecidas por los estado miembros de Naciones Unidas.
Por tanto “el derecho a la salud se debe garantizar sobre la base del principio de igualdad y no discriminación, principio vertebrador de todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) desarrollado por los Estados desde mediados del siglo pasado”, han dicho.
Han advertido que “la exclusión de personas migrantes y refugiadas de los planes para prevenir y combatir la pandemia” pondría en riesgo las metas de salud pública de los países receptores.
Foto: Vatican News
