Lo de los obispos y Joe Biden es una de cal y otra de arena. Alabado por su política migratoria y criticado por plantear el aborto como un derecho. En la Conferencia Episcopal Estadounidense (USCCB, por sus siglas en inglés) se suceden las declaraciones sobre el segundo presidente católico de la historia de Estados Unidos –Kennedy fue el primero hace 60 años–.
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Si el mismo día de su toma de posesión el presidente del Episcopado, Jose H. Gómez, publicaba un escrito, que fue criticado en Twitter por el cardenal arzobispo de Chicago, Blase J. Cupich, quien le acusaba de hacer un comunicado crítico sin precedentes y sin el respaldo de todos los prelados, al día siguiente mostraban su alegría por el regreso al Acuerdo de París.
Solo un día más tarde, dos comunicados: uno alabando la protección a los hijos de los ‘dreamers’ a través del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) , que Donald Trump dinamitó, y otro contra la celebración de Biden del 48º aniversario de la sentencia Roe v. Wade por la que se legalizó el aborto en todo el país y sobre la que el presidente ha asegurado que el aborto será un “derecho” para “todos”.
Aborto y migrantes
El arzobispo de de Kansas City y presidente del Comité Provida de la USCCB, Joseph F. Naumann, advertía que “es profundamente inquietante y trágico que cualquier presidente elogie y se comprometa a codificar un fallo de la Corte Suprema que niega a los niños por nacer su derecho humano y civil más básico, el derecho a la vida, bajo el disfraz eufemístico de un servicio de salud”.
Por otro lado, una de las primeras medidas adoptadas por la Administración Biden –20 de enero– ha sido el regreso del programa DACA instaurado por Obama. Este permite que los migrantes ilegales que llegaron al país de niños estén exentos de la deportación y obtengan permisos de trabajo.
El arzobispo de Oklahoma City y presidente del Comité de Justicia Nacional y Desarrollo Humano de la USCCB, Paul S. Coakley, y el obispo auxiliar de Washington y presidente del Comité de Migración de la USCCB, Mario E. Dorsonville, emitieron un comunicado en el que daban la bienvenida a esta orden que “asegura que todos los residentes serán contados e incluidos en el censo. Este regreso a nuestra política anterior refleja la verdad inalienable de que todas las personas importan y están imbuidas de dignidad humana”.
“La orden ejecutiva es un testimonio de la realidad indiscutible de que el estatus migratorio no niega el valor inherente de la vida humana, ni debe socavar la capacidad de ninguna persona para contribuir al crecimiento y bienestar de nuestra nación. Tanto los ciudadanos como los no ciudadanos deben seguir siendo reconocidos como miembros de la misma familia humana”, concluyen los obispos.
