Cáritas Madrid presenta una propuesta de proposición no de ley para dignificar la vida en la Cañada Real

Cáritas Diocesana de Madrid ha presentado en el Congreso de los Diputados una propuesta de proposición no de ley sobre la situación de emergencia en la Cañada Real Galiana ante la carencia de suministro eléctrico desde el mes de octubre 2020, agravada por la ola de frío desencadenada por la borrasca Filomena.

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El texto fue entregado en el Registro de las Cortes Generales el 25 de enero de 2021 para su debate, tramitación y aprobación, “idealmente de forma conjunta y unánime por todos los grupos parlamentarios en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad”, según informa la entidad eclesial a través de un comunicado.

En el documento propuesto, Cáritas señala que es “preciso y urgente” emprender una “decidida acción coordinada por parte de las administraciones implicadas” tanto para “dar solución a la emergencia de la falta de luz en contexto de un invierno sin precedentes”, como, sobre todo, “la dignificación de la vida de las personas asentadas mediante la aceleración del Plan Regional”.

Urge una “colaboración efectiva”

Por ello, señalan que urge una “colaboración efectiva” de las administraciones territoriales competentes (Administración General del Estado, Comunidad de Madrid y ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid), firmantes del Plan, para que, acelerando los plazos previstos, se cumplan sus objetivos.

Cáritas recuerda que todos los grupos con representación en la Asamblea de Madrid se comprometieron el 17 de mayo de 2017 a cumplir los objetivos del Plan, es decir: restaurar el medio natural del territorio en aquellos casos que tengan nula capacidad de acogida para usos residenciales o actividades económicas; regularizar la situación patrimonial y urbanística de los inmuebles y/o parcelas mediante un proyecto de renovación urbana; elaboración, dotación presupuestaria y puesta en marcha, con plazos razonables pero rápidos, de una estrategia para el realojo de la población; y diseñar, de forma coordinada con las administraciones competentes, un mecanismo eficaz y periódico de rendición de cuentas ante la ciudadanía sobre los progresos alcanzados en la consecución de los citados objetivos del Pacto.