La educación concertada denuncia la Ley Celaá ante la Comisión Europea. Más Plurales –plataforma que aglutina a todo el sector, en el que se incluye Escuelas Católicas– considera que existe vulneración de Derechos Fundamentales y Libertades, reconocidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europe, por parte del Estado Español.
La Plataforma ha registrado hoy el escrito en el que advierte de que la reforma educativa llevada a cabo por la LOMLOE –conocida como Ley Celaá– socava la Libertad de Enseñanza establecida en el art. 27 de la Constitución Española, al convertir a la enseñanza concertada en subsidiaria de la pública.
Así, dicen que vulnera la libertad de creación de centros al limitar la posibilidad de apertura de nuevos centros con ideario propio y con ello el pluralismo en el sistema educativo. (Arts. 14.3 y 16 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales).
Del mismo modo, afirman que también atenta al derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos conforme a sus convicciones que se ve limitado al eliminarse el concepto de ‘demanda social’ como criterio a tener en cuenta en la programación de la oferta de plazas escolares sostenidas con fondos públicos. A partir de ahora, dicha programación será decidida por la administración pública sin tener en cuenta la voluntad de las familias (Art. 14.3 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales).
Segunda denuncia ante Europa
Más Plurales solicita a la Comisión Europea que admita esta denuncia e inicie el recurso de incumplimiento en el que la Plataforma pide ser considerado parte interesada. Esta acción se suma a la Solicitud de amparo presentada el pasado 26 de noviembre ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y que se encuentra en tramitación.
La Plataforma avanza que seguirá “utilizando todos los procedimientos legales y políticos a su alcance para seguir defendiendo la libertad, la pluralidad y la existencia y viabilidad del sector de la enseñanza concertada, modelo que mantiene año tras año, una importante demanda de la sociedad española, contribuye a hacer efectivo el derecho constitucional a la elección del tipo de educación deseada por las familias y que la vigente LOMLOE amenaza seriamente”.
