Mientras los socios de Gobierno, PSOE y Unidad Podemos, afrontan sus diferencias respecto al tratamiento jurídico de las personas LGTB y trans, el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, ya tiene listos dos borradores de leyes. Estos están esperando que puedan entrar en el orden del día del Consejo de Ministros incluso en este último mes si la vicepresidencia de Carmen Calvo no logra frenar algunas de las pretensiones recogidas tanto en el borrador de la ‘Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans’ y del ‘Anteproyecto de ley para la igualdad de las personas LGTBI y para la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales’, a cuyas últimas versiones íntegras ha podido tener acceso Vida Nueva.
Entres sus principales novedades, el borrador del anteproyecto de ley de igualdad LGTBI prevé multas de hasta 150.000 euros para sancionar las conductas discriminatorias muy graves, entre las que se incluyen las terapias de conversión de la orientación sexual o el acoso. Este tipo de sanciones vuelve a poner en el primer plano algunas prácticas que en estos últimos años se habrían realizado en entornos eclesiales de nuestro país.
Además, estos textos propuestos por Igualdad permitirían el cambio de sexo (legal) en el Registro Civil únicamente a través de una “declaración expresa” como expresión del denominado “derecho a la identidad de género libremente manifestada”, eliminando cualquier requerimiento de “informe médico o psicológico”. Una medida que se implantaría a partir de los 16 años de edad y que establece de hecho una autodeterminación en lo que al género y la identidad sexual se refiere. Elementos que desde el PSOE han cuestionado.
En el borrador del anteproyecto de la ley de igualdad se menciona hasta 37 veces que la no discriminación por motivos religiosos está presente en la defensa de la dignidad de las personas LGTBI. De hecho, pretende atender a posibles casos de “discriminación interseccional y múltiple”. Algo que se extiende de forma especial a los contratos laborales, deportivos, la asistencia social… Es más, el Ejecutivo se comprometería a través de la ley a ofrecer asistencia jurídica gratuita para las víctimas de la ‘LGTBIfobia’.
La propuesta del Ministerio da una paso más en los que hasta ahora recogía la ley del matrimonio homosexual de 2005, que se alaba como “hito fundamental” en la exposición de motivos del anteproyecto así como el reconocimiento en 2007 de la “doble maternidad en el seno de matrimonios de mujeres”.
Así, de aprobarse el texto actual se modificaría el Código Civil señalando que “el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo” (ar. 44) sin ningún tipo de acotación biológica o antropológica. En este sentido, el anteproyecto pide que se especifique esta posibilidad en todos los componentes legales que implica un matrimonio y el cuidado y reconocimiento de los hijos.
Además, la nueva normativa recoge que todas las mujeres y personas trans con capacidad de gestar podrán acceder a las técnicas de reproducción asistida y se reconoce en el Código Civil la existencia de hombres con capacidad de gestar.
En materia escolar, el conocimiento y el respeto a la diversidad sexual, de género y familiar formarán parte del currículo de todas las etapas educativas. Del mismo modo, también se sancionará a los libros de texto que establezcan que alguien es superior o inferior por razón de su orientación sexual o identidad de género, entre otras.