Tras la reciente militarización de la frontera entre Perú y Ecuador, que según autoridades de ambas naciones han transigido para evitar la propagación del coronavirus, organizaciones eclesiales como Cáritas, Servicio Jesuita a Refugiados, hermanas Scalabrinanas, red Clamor, junto a un centenar de organizaciones sociales, han expresado su condena a esta medida.
“Alertamos que este tipo de medidas contravienen con los acuerdos y tratados internacionales suscritos por Ecuador y Perú en materia de Derechos Humanos, y ponen en riesgo a la población civil que se encuentra en condición de movilidad forzada y con necesidades de protección internacional”, han expresado.
Una nueva crisis humanitaria
Además han rechazado “la criminalización de las personas migrantes y con necesidad de protección internacional, como excusa de ambos gobiernos para frenar la propagación de la COVID – 19”, que por el contrario podría generar “una nueva crisis humanitaria en el contexto de la pandemia”.
“En ese sentido, instamos a las autoridades a adoptar disposiciones en respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas que habitan y transitan las fronteras”, han exhortado, por tanto “convocamos a los Estados a buscar una solución integral a través de mecanismos eficientes y oportunos. En esta línea, destacamos la importancia de reforzar el propósito regional para la integración latinoamericana entre pueblos hermanos”.
Sin competencia para el control migratorio
De igual modo han pedido “a los Defensores del Pueblo de ambas naciones a asumir su rol de velar por el cumplimiento y garantía de los derechos de las personas, y a articular acciones en conjunto para prevenir una crisis humanitaria, con impactos en las poblaciones de acogida”.
Al respecto “hacemos un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos a pronunciarse sobre esta situación” e “invocamos a dar cumplimiento a las normas constitucionales establecidas por Perú y Ecuador”.
Acotan: “Es necesario manifestar que las normas supremas de ambos países señalan que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están subordinadas al orden constitucional establecido, y bajo ningún concepto estas últimas son deliberantes ni poseen competencia para ejercer control migratorio”.
Foto: AS Perú
