El Gobierno certifica que la Iglesia no ha cometido irregularidades en la inmatriculación de bienes

El informe del Gobierno sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia es concluyente: no hay irregularidades. La vicepresidenta primera del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Carmen Calvo, ha llevado hoy al Consejo de Ministros el listado, que incluye 20.014 templos de culto y 14.947 viviendas, locales, solares y similares. En total, 34.961 inmuebles inmatriculados por las 40.000 instituciones de Iglesia que tenían potestad para hacerlo.

• Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos

La realidad es que, como reconoce el Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad de España, “no puede afirmarse que los bienes o derechos reales inscritos a favor de la Iglesia –durante la ley hipotecaria promulgada por el Gobierno de José María Aznar en 1998 y que estuvo en vigor hasta 2015– carecieran de título material de adquisición”. No obstante, se abre la vía a posibles reclamaciones tanto del Estado como de particulares.

“La Iglesia no quiere bienes que no sean suyos”

“Nos agrada que el Gobierno reconozca que la Iglesia ha seguido la legalidad”, ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, que ha trabajado mano a mano con Calvo en una comisión técnica conjunta para elaborar esta primera gran fotografía de las propiedades de la Iglesia en nuestro país.

“Es verdad que existían dos años después de cada inmatriculación para que se reclamaran los bienes y no se hecho. No obstante, la Iglesia no quiere que esté a su nombre algo que no es suyo. Por eso, cada institución de la Iglesia está dispuesta a revisar”, señala el también obispo auxiliar de Valladolid.

Asimismo, recuerda que “los bienes de la Iglesia están al servicio del bien común a través de las distintas actividades que nos son propias, como la liturgia, la catequesis o la caridad”. Por último, hace un llamamiento a la colaboración entre la Iglesia, la sociedad y las administraciones públicas para que estos espacios sigan al servicio de la actividad artística y cultural.

El estudio, que ahora viajará hasta el Congreso de los Diputados y ha tardo tres años en materializarse, detalla que de estos casi 35.000 bienes, 30.335 se han registrado con una certificación eclesial a través de notas simples y 4.626 con otro tipo de documentos. Entre ellos, algunos siempre en boca de quienes critican el procedimiento como la Mezquita Catedral de Córdoba o la Giralda.