“No puede afirmarse que los bienes o derechos reales inscritos a favor de la Iglesia carecieran de título material de adquisición”. Es lo que se desprende del informe presentado hoy por la vicepresidenta primera del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Carmen Calvo, en el Consejo de Ministros sobre las propiedades inmatriculadas por la Iglesia. Un final de un camino que ha celebrado el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, señalando: “Nos agrada que el Gobierno reconozca que la Iglesia ha seguido la legalidad”.
Para Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, es importante este aval de que “el proceso de inmatriculación se ha hecho conforme a la ley y es importante para que haya seguridad jurídica”. En declaraciones a la cadena SER ha recordado que “el Tribunal Constitucional ha abordado varias veces este asunto y en ningún momento se ha determinado que estuviera en contra de la ley”; sin olvidar, recalca, que “el informe también avala que si alguien entiende que un bien no le pertenece a la Iglesia puede reclamarlo”.
Más allá de las polémicas, Barriocanal recordó que “en el día a día quien abre la puerta está pagado por la Iglesia, el mantenimiento ordinario también, en aquellos bienes de interés cultural también lo paga la Iglesia porque reporta un gran beneficio a la sociedad”. “Hablar de que la catedral de Zaragoza no pertenece al pueblo cristiano de Zaragoza es una opinión y está ahí para quien lo necesite”, respondió a uno de los críticos. Además, la Conferencia Episcopal Española ha creado una guía explicativa de por qué las inmatriculaciones no son un privilegio.
Tranquilidad en Córdoba
Una de las propiedades que sale reforzada de la publicación de este informe es la Mezquita-Catedral de Córdoba, cuyo cabildo ha acogido como una “buena noticia” que se reconozca que “en todo momento actuó conforme a la ley al inmatricular la Mezquita-Catedral”. Según señala en un comunicado, los canónigos, esperan que “se ponga fin a todos los ataques y polémicas que se han venido produciendo contra el templo en los últimos años”.
En este sentido, el Cabildo ha querido recordar que esta es la cuarta vez que se reconoce la propiedad del templo, de forma pacífica y continuada, por parte de la Iglesia desde 1236. Antes de este informe lo había hecho el juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba en junio de 2015, la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda en 2014 y un informe de la asesoría legal del propio Ayuntamiento de Córdoba en 2016.
Además, desde la catedral destacan su política de transparencia y el compromiso en la “colaboración con las instituciones en materia turística y cultural para el impulso de distintas actividades que repercuta en el bien de la sociedad cordobesa”, además de toda la obra social impulsada.
