El Gobierno de España confía en la “posición razonable” del cardenal Juan José Omella para evitar llevar algunas inmatriculaciones a los tribunales. La vicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez, Carmen Calvo, ha dicho que “la Iglesia católica sabe que hay bienes que se han podido inscribir cuando no se debía”, pero “hay una parte muy importante que son bienes claramente de la Iglesia y que están en el ámbito del patrimonio histórico”.
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Por eso, invita a particulares, personas jurídicas y administraciones a que reclamen si tienen dudas sobre la propiedad, y ha apelado a sus conversaciones con el presidente de la Conferencia Episcopal Española como garantía de que la Iglesia no opondrá resistencia cuando crea que existen razones para despojarse de un bien.
En este sentido ya se expresó el pasado 16 de febrero tras hacerse público el informe el secretario general de la CEE, Luis Argüello, que afirmaba que, aunque “es verdad que existían dos años después de cada inmatriculación para que se reclamaran los bienes y no se hecho, la Iglesia no quiere que esté a su nombre algo que no es suyo. Por eso, cada institución de la Iglesia está dispuesta a revisar”.
El informe del Gobierno sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia es concluyente: no hay irregularidades. El mismo incluye 20.014 templos de culto y 14.947 viviendas, locales, solares y similares. En total, 34.961 inmuebles inmatriculados por las 40.000 instituciones de Iglesia que tenían potestad para hacerlo.
“No se ha cometido ninguna ilegalidad”
“Hemos hecho un trabajo ímprobo, que se le pidió al Partido Popular y se fue de ‘rositas’. Nosotros hemos tratado de hacer un trabajo muy riguroso. Esto requería un esfuerzo importante porque es un mapa de toda España”, ha defendido hoy la ministra en una entrevista a Ángels Barceló en Hoy por hoy (Cadena Ser).
Calvo ha recalcado que en un Estado de derecho, ahora le toca el turno a la vía administrativa si alguien considera que tiene un título mayor que el de la Iglesia. No obstante, es consciente de que algunos casos “llegarán a los tribunales, porque la Iglesia también puede creer que su título es suficiente y lo puede demostrar”, además ha reconocido que no ha habido ninguna “ilegalidad”; “se han registrado bienes porque la Ley Hipotecaria de Aznar, que es una herencia franquista, lo permitía”. Así, ha pedido paciencia a los afectados porque esto será un proceso “lento”.
El estudio, que ahora viajará hasta el Congreso de los Diputados y ha tardo tres años en materializarse, detalla que de estos casi 35.000 bienes, 30.335 se han registrado con una certificación eclesial a través de notas simples y 4.626 con otro tipo de documentos. Entre ellos, algunos siempre en boca de quienes critican el procedimiento como la Mezquita Catedral de Córdoba o la Giralda.
