El ‘Gran Hermano’ chino 2.0 fiscaliza a los cristianos

El régimen comunista de China está a punto de culminar una nueva era en su relación con las confesiones (la llamada sinización de la religión) y en la que, bajo la presidencia de Xi Jinping, además de valorar mucho más su influencia entre los ciudadanos, de un modo paralelo, se busca implementar un control total en su presencia pública.

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Esta nueva etapa comenzará a partir del próximo 1 de mayo, cuando entren en vigor las llamadas ‘Medidas administrativas para el clero religioso’. Una serie de mecanismos de control que, en el caso de la Iglesia católica, se recalca que será la Asociación Patriótica Católica China (APCC) la que, en todo momento, dirija el proceso de nombramiento de obispos.

En este sentido, llama la atención que ni siquiera se mencione al Papa ni a la Santa Sede, con la que el régimen chino ha renovado por otros dos años el acuerdo que se ratificó en 2018 y que establece que dichos nombramientos episcopales serán consensuados entre Pekín y Roma. Una vía, por cierto, que ya se habría puesto en marcha en los últimos meses en el caso de tres nuevos obispos, siendo candidatos no vetados por ninguna de las dos partes.

Filtro político

Aunque dicho pacto bilateral nunca ha sido público en su conjunto, desde el Vaticano se ha celebrado desde el primer día como un paso clave para diluir los caminos divergentes que, durante décadas, han separado tanto a los pastores como a los fieles laicos de la Iglesia oficial (ligada al aparato político comunista) y de la clandestina, fiel a Roma.

Según la nueva normativa, se recalca que dichos nombramientos episcopales serán “aprobados y consagrados” por la administración eclesial oficial china. Además, en lo que sería un filtro añadido (en este caso, puramente político), también se necesitará el aprobado previo de la Administración de Asuntos Religiosos del Estado, a la que se enviará un informe del candidato antes de que el proceso culmine con su posible consagración.

Inmensa base de datos

Otro aspecto, como da a conocer Bitter Winter, medio que ha tenido acceso a las ‘Medidas administrativas para el clero religioso’, es que el conjunto de los sacerdotes y miembros consagrados de todas las religiones pasarán a formar parte de una inmensa base de datos que, más allá de su función burocrática, cumplirá con otra contraparte política, pues cada uno de los individuos que figuren en ella se han tenido que comprometer, previamente y por escrito, a ser promover “los valores” del “sistema socialista” y “apoyar el liderazgo del Partido Comunista Chino”. De hecho, se aclara que no adherirse a la sinización de la religión puede considerarse como un modo de apoyar “actividades terroristas”.

El férreo control se extiende a los fieles. Y es que, además de que toda actividad religiosa o de culto ha de ser “autorizada” por el poder político, que establecerá exactamente los “recintos” adecuados para ello, los propios laicos de la comunidad que asistan a cada una de las celebraciones han de identificarse previamente en la entrada, quedando constancia por escrito de su presencia allí.