Inmatriculaciones a la francesa: el órdago de los obispos que desactivó al Gobierno

En la Asamblea Permanente de la Conferencia Episcopal celebrada el 23 y 24 de febrero, pocos sobresaltos. Al menos en lo que a la cuestión de las inmatriculaciones se refiere. El hecho de que el Colegio de Registradores no encontrara ni una sola irregularidad en los 34.961 bienes registrados en la era Aznar, ha dado algo más que un respiro a los obispos españoles.

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Saben que en principio hay poco donde rascar. Aun así, siempre se tiene la mosca detrás de la oreja. Aunque los conflictos abiertos con particulares y autoridades públicas por la propiedad de algunos bienes son mínimos, preocupa que se puedan airear –como ya se está haciendo en algunos medios– presentando el todo por una más reducida parte que no afectaría ni al uno por ciento de las propiedades.

Tampoco esperan una avalancha de denuncias, a pesar de que Moncloa dejara la puerta abierta y de que algunas asociaciones anticlericales, gobiernos regionales y ayuntamientos de distintos puntos del país, pero con una bandera política compartida, hayan dejado caer que podrían dar un paso al frente. Especialmente significativo resulta el ruido que en estos días se está generando desde Valencia.

El alcalde Joan Ribó, de Compromís, no descarta la vía judicial para reclamar unos cuarenta espacios “por si alguno pudiera tener carácter municipal”, lo mismo iglesias que viviendas o almacenes. Desde la Generalitat, se llega incluso a calificar las propiedades inscritas como “bienes públicos expoliados” que han de “retornar a la ciudadanía valenciana”. Las plataformas laicistas hablan directamente de “saqueo”.

Sin embargo, desde Añastro se confía en que estas amenazas de resaca no vaya a más. Unos y otros tienen como referente la frustrada campaña del Ayuntamiento de Zaragoza iniciada en 2017 para hacerse con la propiedad de la Seo y otros templos. Tanto la justicia como la Dirección General de Patrimonio tumbaron el empeño del entonces alcalde Pedro Santisteve, de Zaragoza En Común.

Futurible desamortización

Entre los dardos lanzados estos días, en algún que otro foro se ha reivindicado adoptar el modelo francés o portugués, que sin entrar en detalles, implicaría que todos los monumentos artísticos pasen a ser propiedad del Estado, incluyendo, por ejemplo, las catedrales o las ermitas. En ambos países la Iglesia mantiene el derecho de uso para su actividad litúrgica mientras que la titularidad es pública.

Curiosamente, esta propuesta, según ha podido confirmar Vida Nueva, también se puso sobre la mesa en una de las reuniones que obispos y Gobierno mantuvieron en los últimos meses, antes de conocer el veredicto final del estudio de la semana pasada. “Quédense con las ermitas, pero con todo lo que implica”, se dejo caer.

Cuando el pasado junio, la vicepresidenta Carmen Calvo en su encuentro con el cardenal Juan José Omella dio el pistoletazo de salida para actualizar su agenda de asuntos pendientes con la Iglesia, las inmatriculaciones se situaron en un primer plano, junto con la reforma de la fiscalidad y la auditoría de las cuentas eclesiales.

Estos asuntos con trasfondo económico son, desde hace años, un recurrente reclamo desde el PSOE y Unidas Podemos para cuestionar la transparencia y por tanto de la credibilidad de la Iglesia. A partir de ahí, cuando se pusieron en marcha las comisiones técnicas para abordar en profundidad cada uno de los puntos, desde Moncloa, sin perder las formas, se sugirió a la Iglesia que admitiera que muchos de los templos, especialmente las ermitas, le pertenecían al pueblo. Una insinuación sobre una futurible desamortización que no sorprendió a sus interlocutores.