Adda Chuecas Cabrera, coordinadora de de la Oficina de derechos humanos y medioambiente del Vicariato Apostólico de San Ramón y de Cáritas Selva Central, ha repudiado el asesinato Estela Casanto Mauricio, lideresa indígena, de la etnia ashaninka, comunidad Shankivitoni en el valle del Perene, provincia de Chanchamayo, región Junín.
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“Continúa la violencia contra los pueblos indígenas en la Amazonía” y, además, “esta situación no es un hecho aislado, por el contrario es recurrente y a la fecha han sido asesinados 9 líderes y lideresas indígenas por defender su territorio, solo en el estado de emergencia por la Pandemia del Covid-19”.
Un sospechoso
El líder Teddy Sinacay, presidente de CECONSEC (Central de Comunidades Nativas De La Selva Central) y colaborador de Cáritas ha asegurado que “la primera hipótesis es que el crimen se habría perpetrado a manos de un vecino colono de la comunidad, que desde hace más de cinco años venía amenazando y hostigando a la lideresa por negarse a cederle parte de sus terrenos”.
El cuerpo de la mujer fue hallado con evidentes signos de crueldad el sábado 13 de marzo en el interior de una cueva. Según Sinacay las autoridades detuvieron al sospechoso, pero fue liberado.
Por eso hace un llamado “al Ministerio de Justicia para que nos ayude a hacer una buena investigación, se encuentre al responsable y se haga justicia”.
Por defender sus territorios
Por su parte, Chuecas sostiene que “el territorio es el componente más importante para el ejercicio de los derechos colectivos e individuales fundamentales de los pueblos, es condición necesaria para mantener su cultura, formas de organización tradicionales, espiritualidad, salud, recreación, conocimiento, integridad y vida misma”.
Por tanto “defender el territorio es defender la vida” y “uno de los graves problemas que enfrentan es la falta de seguridad jurídica de sus territorios, que origina superposición, invasiones, actividades legales e ilegales, ingreso de traficantes de tierras ocasionando grave vulneración a los derechos de las comunidades”.
Para la funcionaria “todos los defensores y defensores asesinados han exigido al estado la titulación de sus territorios, la demarcación y han denunciado las amenazas sin que haya una respuesta eficiente del estado para avanzar en la titulación de los territorios”.
“Los procedimientos establecidos por el Estado para que puedan acceder a una titulación pueden durar hasta casi 20 años según informe de la Defensoría del Pueblo”, lamenta.
Reavivar el acuerdo de Escazú
Chuecas se une al clamor de “la tierra y el clamor de los pobres”, que “nos plantean cuestionar las graves amenazas que enfrentan por modelos de desarrollo impulsados por los gobiernos que destruyen territorios, biodiversidad, ecosistemas, y producen migraciones, desplazamientos de pueblos y personas”.
“Las organizaciones indígenas exigen JUSTICIA para las víctimas y que no haya impunidad como en muchos casos”, demanda.
Por ahora urge “poner en debate la Ratificación del Acuerdo de Escazú”, pues que fue “archivado por el actual congreso de la República” con este acuerdo regional sobre Acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe pudiera garantizarse muchos derechos ambientales.
Foto: Caaap
