Los obispos colombianos, solidarios con indígenas de Antioquia confinados por la violencia

17/03/2021 | Ángel Alberto Morillo

El conflicto armado entre el ELN y las AGC tiene a estas comunidades entre la espada y la pared

Los obispos de la diócesis de Apartadó y Quibdó, Consejo Comunitario Mayor de la Organización Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), el Cabildo Mayor de Murindó y la Coordinación Regional del Pacífico, ha expresado su preocupación por los indígenas de Murindó, en el departamento de Antioquia.

Tras una misión humanitaria, realizada entre el 7 y 11 de marzo a esta zona, han podido constatar la crisis humanitaria que viven estas poblaciones indígenas a causa de “la disputa territorial entre el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia)”.

Violaciones de derechos humanos

Los prelados han denunciado que estos grupos al margen de la Ley “han cometido graves violaciones al derecho internacional humanitario y han afectado los derechos humanos de sus habitantes”.

“Luchan por obtener el control de las rutas del narcotráfico, la implantación y recolección de cultivos de uso ilícito y el posicionamiento geoestratégico frente a los megaproyectos priorizados en esta zona”, acotan.

2.200 indígenas afectados

Lo más grave es que toda esta violencia ha tenido serias consecuencias sobre los más de 2.200 indígenas de Isla, Turriquitadó Llano y Turriquitadó Alto, quienes ha sido víctimas de “confinamiento, desplazamiento, reclutamiento de sus jóvenes, amenazas a líderes y comunidades y la pérdida de su autonomía”.

Además el ELN ha instalado minas antipersonales dentro de los cultivos y en los caminos de las comunidades, mientras que las AGC acusan a los indígenas de ser colaboradores del grupo guerrillero.

Pliego de peticiones

“Las comunidades se sienten solas e indefensas para afrontar estas grandes dificultades”, aseguran, al tiempo que piden a las autoridades “la intervención estatal garantizando derechos sociales, la ayuda humanitaria urgente, el desminado territorial y la protección colectiva que les permita gozar de tranquilidad en sus entornos culturales”.

También “se les exige el cumplimiento de sus compromisos constitucionales y la intervención adecuada y oportuna en esta coyuntura y en las situaciones estructurales que se viven en la región”.

Advierten que si el gobierno nacional no promueve una solución dialogada al conflicto armado en estos territorios “hundirán a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en una espiral de violencia sin fin que destruirá la vida de muchas personas”.

Foto: Semana