Los Legionarios de Cristo han hecho público el Informe Anual 2020 ‘Verdad, justicia y sanación’, un paso más, para la congregación, en el “camino de renovación” que llevan recorriendo “desde hace 10 años” en el campo de “atención a víctimas y el desarrollo de ambientes seguros” ante los abusos sexuales.
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De hecho, en 2019 publicaron un informe histórico estadístico sobre todos los casos de abuso desde su fundación, y en el Capítulo General 2020 emitieron dos documentos con sus compromisos y normas en el campo de la atención a víctimas y la prevención de abusos. Un año después, “en su determinación por recorrer caminos de verdad justicia y sanación con las víctimas de abuso sexual por parte de miembros de la Congregación, tanto las conocidas como las que por varias razones no se han acercado”, los Legionarios de Cristo han publicado su último informe orientado especialmente “a las víctimas”.
En el anexo del documento se presenta, asimismo, la actualización estadística sobre los casos de abuso en la congregación. En total, la cifra total de sacerdotes pertenecientes a la misma que consta que han cometido abuso sexual es de 27. “Significan un 2% de los 1.380 Legionarios de Cristo ordenados sacerdotes a lo largo de toda la historia de la Congregación”, aseveran.
Ayuda a las víctimas
En los datos se los cinco casos de legionarios que abusaron siendo seminaristas y fueron ordenados sacerdotes en la Congregación. Además, se matiza que “los sacerdotes que siguen en la Congregación no tienen ministerio sacerdotal público, salvo uno que lo tiene restringido (excluyendo pastoral con menores) mientras sigue en curso una revisión de su caso”.
Por otra parte, la congregación señala, entre las medidas que han tomado estos últimos años, que se ha establecido una colaboración internacional estable con una institución profesional e independiente para la atención a víctimas. “Se trata de Eshmá, fundada por personas que han vivido en primera persona procesos de victimización de abuso sexual infantil, por terapeutas, trabajadores sociales y juristas expertos en justicia restaurativa”, explican.
Con esta iniciativa “ya se ha comenzado a atender a algunas víctimas de miembros de la Congregación en distintos países, y cuenta con programas como un punto de atención permanente para acogida y escucha inicial; un espacio de acompañamiento terapéutico para sanar las secuelas de abuso; canal seguro e independiente de denuncia; orientación social y atención jurídica sobre el proceso de denuncia; y el proceso penal y diálogos restaurativos como vías para obtener verdad, justicia y reparación.”
Procesos de sanación
“Queriendo reparar de algún modo el sufrimiento causado por los abusos cometidos por miembros de la congregación y para facilitar todo lo que implica un camino de sanación”, explican, “durante el año 2020 los Legionarios de Cristo han continuado aportando ayudas económicas y terapéuticas puntuales a diversas víctimas”. “Para preparar la creación de un programa sistemático e independiente para la reparación y el apoyo a víctimas, se ha realizado un estudio de las mejores prácticas internacionales”, aseveran.
En cuanto a los ambientes seguros, en 2020, los Legionarios de Cristo han renovado sus políticas según los estándares internacionales marcados por la agencia externa Praesidium. De hecho, en España se logró en 2018 la acreditación de esta agencia como institución que “logra satisfacer el estándar más elevado en la prevención de abuso infantil”, siendo la primera realidad fuera de Estados Unidos en obtenerla. En 2021, se realizará de nuevo el examen para reeditar la acreditación, que tiene validez de 3 años.
La congregación, “consciente de que todavía queda un largo camino por recorrer”, se ha comprometido a seguir publicando anualmente un informe sobre los pasos dados, actualizando los datos y rindiendo cuentas de los compromisos adquiridos. De esta manera, el informe también señala las prioridades para el año 2021, que son “reforzar la atención y escucha profesional y sistemática a las víctimas; establecer un programa independiente para la reparación económica de las víctimas; examinar los posibles casos de encubrimiento y negligencia grave; concluir los procesos de acreditación independiente en todos los territorios; afrontar el tema del abuso de autoridad y conciencia”.
