No está en los planes del Papa despedir trabajadores del Vaticano. Y va a hacer todo lo posible para contener el déficit este 2021, cuando la Santa Sede prevé ingresar un 30% menos que antes de la pandemia. Por eso, Francisco ha dispuesto hoy, vía motu proprio, un recorte de un 10% en el sueldo de todos los cardenales a partir del 1 de abril.
Francisco aclara en su carta que “un futuro económicamente sostenible requiere ahora, entre otras decisiones, también tomar medidas relativas a los sueldos del personal”. La realidad es que aproximadamente el 50% del presupuesto está compuesto por gastos de personal, pero el Papa no está dispuesto a tocar a los trabajadores y sus familias, que ha blindado en los presupuestos más ajustados de la historia de la Santa Sede.
En este sentido, Jorge Mario Bergoglio cree conveniente proceder con criterios de proporcionalidad y progresividad afectando a los salarios de quienes no tienen hijos a cargo, como son los consagrados.
En este sentido, también verán mermado su salario los superiores clasificados en los niveles de retribución C y C1, a quienes se les reduce en un 8% la nómina. Por su parte, los clérigos y miembros de los institutos de vida consagrada o sociedades de vida apostólica, clasificados en los niveles salariales C2 y C3, se les reduce un 3%.
No obstante, estas reducciones no aplican si los cardenales o sacerdotes acreditan que les es imposible hacer frente a los gastos fijos relacionados con su propia salud o la de sus familiares hasta el segundo grado.
Por otro lado, la disposición vaticana recoge que entre el 1 de abril de 2021 y el 31 de marzo de 2023 se suspende el devengo de los incrementos por antigüedad.
La semana pasada,Juan Antonio Guerrero, prefecto de la Secretaría de Economía, en una entrevista a Andrea Tornielli para los medios de comunicación del Vaticano, reconocía que “si esta situación –de pandemia– se prolonga demasiado, no podremos contener el déficit si no es con el apoyo de los fieles”.
Para contener el gasto, el jesuita español ha tomado varias medidas en 2020: reducir drásticamente los costes de consultoría (1,5 millones); cancelar todos los eventos programados para 2020, incluidas las visitas ad limina, asambleas plenarias, conferencias, congresos y eventos similares (1,3 millones); limitar todos los viajes (3 millones); suspender las compras previstas de mobiliario (0,9 millones); o bloquear y reprogramar obras de rehabilitación de edificios no urgentes o aplazables (4,8 millones).