El Partido Popular ha dado a conocer hoy el recurso de inconstitucionalidad que ha interpuesto contra la LOMLOE, la nueva reforma educativa conocida como Ley Celaá. Para ello, el presidente del PP, Pablo Casado, ha contado con un colegio concertado católico como escenario: el centro escolar John Henry Newman de Madrid.
- ¿Quieres recibir gratis por WhatsApp las mejores noticias de Vida Nueva? Pincha aquí
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
De hecho, Juan Ramón de la Serna, el director de este colegio, vinculado a Comunión y Liberación, ha ejercido de anfitrión. Junto a ellos, también ha asistido al acto el presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, que suma su firma al recurso. Además, han contado con el respaldo de la presidente de la Confederación de Padres de Alumnos, Begoña Ladrón de Guevara.
Minar el sistema educativo
Casado, no ha dudado en calificar la ley socialista como “un atentado contra la libertad”, además de criticar cómo busca minar la “unidad del sistema” y la calidad. En este sentido, ha justificado su presencia en un colegio concertado, precisamente por el daño que considera le puede causar a este tipo de centros, además de alertar sobre la indefensión que la nueva normativa deja a la educación especial.
“No ha pactado con la comunidad educativa, no ha pedido un informe al Consejo de Estado y se ha tramitado en pleno estado de alarma”, denunció el líder popular esta mañana.
Ingeniería social
El intento de frenar la ley por la vía del Tribunal Constitucional, se realiza, según Casado, para evitar que “se use a nuestros hijos como herramienta de un proyecto de ingeniería social o de transformación nacionalista de algunas comunidades autónomas”.
Sobre el contenido del recurso, que ha elaborado el bufete de abogados Martínez-Echevarría -donde trabaja Albert Rivera-, el PP ha comunicado que, a través de 90 páginas, impugna los 16 artículos de la Ley Celaá y dos disposiciones adicionales por considerar que se vulnera el derecho de elección de enseñanza de los padres, se discrimina a la escuela concertada, a la diferenciada y a la especial y además “no garantiza” el castellano como lengua vehicular.