La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez, informó que el programa de desarme voluntario que se realiza desde hace algunos años en la Ciudad de México, se replicará a nivel nacional con apoyo de los gobiernos estatales y de la Iglesia Católica.
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A ese respecto, el arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Rogelio Cabrera López, aseguró a Vida Nueva que la Iglesia siempre está dispuesta a colaborar para el bien común, en particular en este tipo de iniciativas, pues “sabemos del riesgo que tiene el poseer armas y sobre todo el utilizarlas”.
De acuerdo con la funcionaria federal, la primera etapa del programa comenzará en algunas de las entidades con mayor incidencia delictiva de homicidios dolosos, como son Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Zacatecas, así como en los estados donde los gobiernos lo soliciten.
De acuerdo con datos del Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo, con sede en Ginebra, Suiza, México es el sexto país a nivel mundial con mayor número de civiles armados, por debajo de Estados Unidos, China, Pakistán, Rusia y Brasil.
15 millones de mexicanos están armados
Según dicho Instituto, 15 millones de mexicanos tendrían un arma de fuego en su casa; ante esa realidad, Rogelio Cabrera consideró que en “tiempos de tanto conflicto, en momentos de tanta problemática familiar, es muy bueno que se logre el desarme voluntario, que las personas entiendan que la mejor manera de protegerse es educándose y vivir en paz”.
El presidente de los obispos mexicanos refirió que el papa Francisco ha dicho que la amistad y la fraternidad universal son las únicas defensas que “tenemos a nuestro favor; ojalá y los ciudadanos lo entiendan, y pronto tengamos un país pacífico”.
En años anteriores, la Iglesia Católica en la Ciudad de México ha apoyado esta campaña facilitando los atrios de los templos, especialmente el de la Catedral de México y el de la Basílica de Guadalupe, como centros de acopio.
El programa consiste en que las personas acuden a los centros de canje con su arma, la entregan a personal de seguridad a cambio de dinero (con base en un tabulador), y posteriormente el artefacto es destruido por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Por el momento se desconocen las fechas a nivel nacional ni la participación específica que tendrá la Iglesia.
