Para la asociación Infancia Robada, conformada por víctimas de la pederastia eclesial, la nueva Ley orgánica de protección a la infancia y a la adolescencia supone un “hito histórico” en tanto que supone un salto en materia de “verdad, justicia y reparación”.
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Es el balance que realizan desde la entidad después de que la normativa, que amplía la prescripción de los delitos de abusos sexuales a menores hasta los 35 años, fuera aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados. Desde la institución se felicitan por el “amplio consenso” con el que se ha sacado adelante la ley, con tan solo los votos en contra de VOX y del PNV.
Un antes y un después
A través de un comunicado, la entidad aprecia que la reforma legislativa marca un “antes y un después en la defensa de las niñas y los niños”, al considerar que hasta la fecha habían transitado por un “insoportable desierto, el del ninguneo, el menosprecio y la negación”.
“La ley se adapta a las víctimas y supervivientes y no éstas a la ley”, expone la asociación que pone el énfasis en que supone “el principio del fin de tantas décadas de impunidad y de amparar a verdugos y no a sus víctimas”. Incluso llega a afirmar que “sin esta ley nuestro Estado de Derecho estaba cojo”.
Tareas pendientes
Para Infancia Robada, se da respuesta así a “muchas tareas pendientes” que abarcaban a “todos los ámbitos de la sociedad, incluido el religioso”. Así, hacen un repaso de algunos de los casos más mediáticos en esta materia tanto en el ámbito civil y familiar, como en el eclesial, citando a Emiliano Alvarez, Miguel Hurtado, Francisco Méndez, Pepe Godoy, las familias Barbero y Cuatrecasas.
Además, también muestran su respaldo al hecho de que la ley ponga coto a “la figura del mal llamado síndrome de alienación parental”, así como el hecho de que se refuerce la lucha contra esta lacra a través de juzgados especializados en delitos de violencia contra la infancia y la adolescencia.