La Conferencia Episcopal tacha de “gravemente injustas” las acusaciones lanzadas ayer al aprobarse la ley de protección de la infancia
Los obispos españoles plantan cara a la recién estrenada ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, por sus declaraciones de ayer al presentar a la Iglesia como encubridora de abusos sexuales a menores. Y es que, en la sesión del Congreso en la que se aprobó la ley orgánica de protección a la Infancia, Belarra tachó a la Iglesia de ser “cómplice demasiadas veces con la violencia sexual hacia los niños”.
Así lo han hecho saber a través de una nota de prensa en la que se lamenta que la política de Unidas Podemos haya pretendido “ensuciar la actividad de millones de personas durante décadas y que no se corresponde en absoluto con la verdad”. “Es una acusación gravemente injusta”, aseveran los pastores.
De hecho, se denuncia cómo el trabajo de laicos, sacerdotes y religiosos “no puede quedar empañado ni por las acciones de algunos de sus miembros que son indignos de ese trabajo ni por las apreciaciones de los políticos que, presas de un rancio anticlericalismo, utilizan a la Iglesia para la confrontación política en una estrategia de ruptura y confrontación”.
Desde la Conferencia Episcopal se argumenta, echando mano del reciente informe de la fundación ANAR sin citarlo expresamente, que solo “el 0,2% de los casos se han dado en actividades religiosas, algo que siendo para nosotros grave, pone en su magnitud las dimensiones del problema”.
En el comunicado emitido por el Episcopado, que no hace valoración alguna sobre la reforma legislativa ni sobre el aumento de la prescripción de los delitos de abusos sexuales, también se recuerda que la Iglesia comenzó a actualizar sus protocolos al respecto en 2002 así como “su código de derecho especialmente en cuestiones de prescripción de esos delitos y de prevención de abusos en el presente y en el futuro, aspectos que ahora incorpora la legislación española”.
Los obispos también exponen que desde entonces también se han desarrollado protocolos y entornos seguros para los menores tanto en las congregaciones religiosas como en la Iglesia diocesana, además de las oficinas que se pusieron en marcha el pasado año siguiendo las directrices marcadas por la Santa Sede dentro de la “tolerancia cero” marcada por el Papa Francisco.
A partir de ahí, el comunicado subraya que “la Iglesia está firmemente comprometida en la promoción integral de los menores y desarrolla miles de iniciativas cada año que buscan formarlos en valores tan relevantes como la solidaridad, el respeto a la diferencia, el servicio al bien común o el cuidado del entorno según los principios del humanismo cristiano”.